Techos colapsados, baños sin servicio, salones inundados: dentro de las escuelas peor financiadas del país

Jan Bayer se hundió en el sofá de la sala de estar de su casa de Bonners Ferry en Idaho y se quedó mirando el teléfono, esperando nerviosa una llamada. Sus dos hijas gemelas adolescentes estaban cerca, igual de ansiosas.

Era la noche de las elecciones de marzo de 2022, y Bayer, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Boundary, en una remota zona de Idaho fronteriza con Canadá, llevaba meses informando a los electores sobre un bono que aumentaría los impuestos sobre la propiedad para sustituir uno de los edificios más antiguos y peligrosos de su distrito: Valley View Elementary School. Construida justo después de la Segunda Guerra Mundial, la escuela se estaba derrumbando.

Las paredes estaban agrietadas. Las tuberías se estaban desintegrando. Los techos tenían manchas de agua. El sistema eléctrico estaba al límite y el aislamiento era casi inexistente. Las aulas se quedaban heladas en invierno y se sentían como un horno en verano. El tejado, parte del cual ya se había derrumbado una vez, se acercaba al final de su vida útil.

En el exterior, el estacionamiento estaba lleno de baches y las aceras presentaban profundas grietas. El patio de recreo del kínder, erosionado por décadas de inviernos brutales, se había vuelto peligroso; a veces, de algunos de los equipos sobresalían tornillos afilados, y los niños se astillaban a menudo con los travesaños de madera.

Lo más preocupante para Bayer y su personal: Los alumnos de kínder tenían que cruzar una calle varias veces al día solo para desplazarse por el extenso campus de seis edificios, un intento poco sistemático de añadir el espacio de aulas que tanto necesitaban.

El bono prometía arreglar todo eso, si los electores lo aprobaban

“Sinceramente, uno reza por un milagro”, dijo Bayer. “He rezado mucho durante todo el día, diciendo: ‘Muy bien, podemos hacerlo. Podemos hacerlo’”.

Alrededor de las 8:30 p. m., llegó una llamada del secretario del condado. Más de 2,000 personas habían votado, y el 54 % de ellas apoyaban el bono, según el secretario. A Bayer se le encogió el corazón y rompió a llorar. En Idaho, la mayoría no era suficiente. El estado es uno de los dos únicos del país que requieren el apoyo de dos tercios de los electores para aprobar un bono.

Bayer compartió los resultados con la junta escolar, el personal de la escuela y el comité de instalaciones. Durante las horas siguientes, recibió llamadas y mensajes de miembros de la comunidad. Le dijeron que siguiera luchando. Y así lo hizo. El distrito puso otro bono en la boleta en agosto, y los estudiantes se unieron para apoyarlo. El día de las elecciones, el equipo de fútbol americano de la preparatoria incluso se colocó en el puente sobre el río Kootenai con carteles amarillos que decían “Vota sí por los niños”, con la esperanza de persuadir a los electores que se dirigían al recinto ferial del condado de Boundary para votar.

Pero el segundo bono obtuvo un resultado peor. Poco más del 40 % de los electores apoyaron la nueva medida, que llegó a las urnas cuando los habitantes recibieron un aviso de que sus avalúos de propiedad iban a aumentar y a los electores les preocupaba el aumento de los impuestos. “Fracasó rotundamente”, escribió Bayer a la junta escolar.

Ningún otro estado gasta menos en educación por estudiante que Idaho, según un informe reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que estudia y clasifica los sistemas de financiación escolar. También ocupa el último lugar en el país en gasto en infraestructura escolar por alumno, según un informe estatal. En las últimas décadas, los distritos rurales de todo el estado se han enfrentado al mismo reto que Bayer: Para mejorar o sustituir unas instalaciones obsoletas –y a veces peligrosas–, deben apelar a los contribuyentes locales y superar algunos de los umbrales de financiación escolar más restrictivos del país.

Los alumnos de Idaho aprenden en condiciones nefastas

A pesar de las necesidades urgentes, la mayoría de estos esfuerzos fracasan, según una investigación de Idaho Statesman y ProPublica. Como resultado, los alumnos de todo el estado deben aprender en condiciones nefastas.

En una escuela de Idaho, los cimientos se están desmoronando. En otra, hay tan pocos baños para cientos de niños que los alumnos se han hecho encima, según las autoridades escolares y los medios de comunicación locales. Y en otra escuela, una parte del tejado colapsó recientemente fuera del horario escolar, inundando un aula y los baños, destruyendo libros y limitando temporalmente el espacio de aprendizaje.

Desde 2006, los distritos han organizado 217 intentos de bonos para remediar este tipo de problemas y dar cabida a la creciente población estudiantil. Si Idaho hubiera requerido solo una mayoría de electores para apoyar las medidas –el umbral en la mayoría de los estados–, el 83% de ellas habrían sido aprobadas. En cambio, solo el 44 % fueron aprobadas, de acuerdo con un análisis de las medidas de bonos y los datos electorales realizado por las organizaciones de noticias.

Al igual que el Condado de Boundary, más de dos docenas de distritos han intentado aprobar bonos y han fracasado al menos dos veces desde 2006. Nueve de esos distritos nunca tuvieron éxito durante ese tiempo.

Todo esto es importante no solo para la seguridad y comodidad de los estudiantes, sino también para su éxito académico. Las investigaciones han demostrado que los jóvenes que aprenden en instalaciones deterioradas o deficientes obtienen peores resultados educativos que sus compañeros que aprenden en edificios más nuevos y funcionales.

Los superintendentes dicen que no tienen más remedio que parchear los problemas que pueden ver y esperar que sea suficiente por ahora. Pero otros temen que, al tratar de mantener edificios que necesitan ser sustituidos, en el mejor de los casos están malgastando el dinero de los contribuyentes y, en el peor, se arriesgan a que ocurra un accidente. “¿Seguimos poniendo una tirita en algo que está roto?”, dijo Troy Easterday, superintendente del Distrito Escolar de Salmon, que ha intentado y fracasado en aprobar un bono casi una docena de veces desde 2005 en un esfuerzo por asegurar la financiación para construir una nueva escuela. El edificio de la escuela primaria del distrito tiene unos 70 años y presenta problemas de fontanería, suelos irregulares y cimientos agrietados.

Activistas de la educación y algunos legisladores sostienen que el umbral de los bonos debería ser más bajo.

Al requerir el apoyo de dos tercios de los electores, “esencialmente se permite que el gobierno sea operado a través de la tiranía de la minoría”, dijo Mat Erpelding, un demócrata y ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes que intentó sin éxito aprobar una legislación en 2017 para iniciar el proceso de reducción del umbral para aprobar bonos al 60 %. Bajo esa métrica, alrededor del 62 % de todos los bonos colocados en la boleta electoral desde 2006 habrían sido aprobados, en comparación con la tasa de aprobación real del 44 %, según el análisis de Statesman-ProPublica.

Algunos líderes legislativos actuales, sin embargo, no están de acuerdo con la evaluación de Erpelding. “Creo que debe seguir en vigor”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Moyle, quien señaló que la disposición ha estado en la Constitución del estado desde sus primeros días. “Creo que es una protección para el contribuyente”. Y en términos prácticos, la reducción del umbral sería difícil, ya que requeriría una enmienda constitucional que tendría que ser aprobada por dos tercios de los legisladores y la mayoría de los electores.

El gobernador Brad Little ha dicho que quiere invertir más en educación, y el año pasado firmó un proyecto de ley para asignar $330 millones a la educación pública en todo Idaho. Pero gran parte de ese dinero se destinará a aumentar el sueldo y las prestaciones de los maestros, en lugar de a mejorar y sustituir las instalaciones escolares.

Como resultado, bajo el sistema actual, los distritos rurales como el condado de Boundary siguen enfrentándose a una pesada carga de recaudación de fondos; sus comunidades son a menudo más pobres, más pequeñas y menos capaces de soportar aumentos de impuestos que los centros urbanos. En Valley View Elementary School, por ejemplo, la mayoría de los alumnos proceden de familias con bajos ingresos y alrededor del 10 % no tienen hogar, según el Departamento de Educación del Estado. Alrededor de tres cuartas partes de los distritos del estado son rurales.

“Si los contribuyentes locales no pueden permitirse el lujo de pagar por esas instalaciones, entonces los estudiantes tienen que prescindir de ellas y eso no cumple con las obligaciones establecidas en la Constitución de Idaho”, dijo Mike Journee, portavoz del sindicato de maestros del estado.

Connie Pérez, que ha enseñado en Valley View durante más de tres décadas, dijo que hace todo lo posible para adaptarse a las circunstancias. Pero algunos días, su mente se desvía a la grieta en la pared fuera de su aula de cuarto grado. “Eso es lo que me asusta”, dijo, “las cosas grandes que van a suceder”.

Décadas de negligencia legislativa

Desde hace ya 30 años, los legisladores de Idaho se han enfrentado al deterioro de las escuelas del estado. Una evaluación estatal financiada por la Legislatura descubrió que los distritos necesitaban casi $700 millones en reparaciones, ampliaciones y mejoras. Setenta y un edificios se consideraban peligrosos o tenían graves problemas que requerían atención inmediata. En 1993, un miembro del comité estatal de instalaciones presentó los resultados a los legisladores. Sin embargo, la Legislatura hizo muy poco por resolver los problemas.

Valley View Elementary School del condado de Boundary era una de las escuelas a las que se ha identificado de necesitar atención inmediata. Y sin una afluencia de fondos, las cosas empeoraron.

Tres años después de la evaluación estatal, el techo del gimnasio de la escuela se derrumbó durante las vacaciones de invierno, cuando los estudiantes estaban en casa. La región se había visto azotada por una gran tormenta de nieve y el edificio no pudo soportar el peso adicional. Nadie resultó herido, pero el personal quedó conmocionado. “Es algo que no quieres volver a ver, sobre todo si tienes hijos”, dice Bob Overman, ex director de mantenimiento del distrito, que acababa de salir del gimnasio cuando se derrumbó el tejado. “Me preocupaba todo el tiempo”.

Mientras tanto, en otras partes del condado de Boundary, los administradores se enfrentaban a escuelas superpobladas. Los electores habían rechazado previamente tres medidas de bonos para nuevas instalaciones, por lo que los estudiantes tenían que ir temporalmente a la escuela por turnos: la preparatoria por las mañanas y la secundaria por las tardes y noches. Era una carga para los padres, especialmente para los que tenían hijos en distintos cursos.

En 1999, seis años después de la evaluación de las instalaciones de todo el estado, el entonces gobernador Dirk Kempthorne volvió a examinar las escuelas. De los 71 edificios en peor estado, 18 habían sido cerrados y 53 seguían en servicio. En las instalaciones todavía en uso, la “puntuación media del estado del edificio” había disminuido, lo que significa que todavía tenían problemas que necesitaban atención inmediata, de acuerdo con una actualización del informe de las instalaciones. Incluso algunos edificios que sufrieron renovaciones, como Valley View, que tuvo que sustituir la parte del edificio que se derrumbó, no vieron cambios en sus puntuaciones generales.

Aunque la Legislatura introdujo algunos cambios en la financiación en la década de 1990, en 2001 un juez que presidía un caso de financiación escolar cuestionó la dependencia del estado de los bonos, al considerar que un “sistema basado únicamente en préstamos no es adecuado para cumplir el mandato constitucional de establecer y mantener un sistema general, uniforme y completo de escuelas públicas, comunes y gratuitas”. Citando sentencias anteriores, el tribunal dijo que ese mandato incluye proporcionar un “entorno seguro y propicio para el aprendizaje”.

Al año siguiente, Kempthorne abogó por mejorar la seguridad de los edificios escolares y rebajar el umbral para aprobar bonos, según informó Idaho Statesman. “Es hora de resolver este problema”, dijo.

En 2005, la Corte Suprema del estado intervino, mostrándose de acuerdo con la conclusión del tribunal inferior de que el sistema de financiación estatal de las instalaciones escolares era inconstitucional. Señaló los problemas de varios distritos que no habían logrado superar el requisito de los dos tercios para aprobar un bono, a pesar de haberlo intentado varias veces.

Aunque el tribunal no prescribió remedios específicos, dijo a la Legislatura que era responsabilidad de los legisladores garantizar que las instalaciones escolares se financiaran adecuadamente.

Durante las dos décadas siguientes, el ciclo se repetiría: Los líderes estatales recomendarían cambios importantes para abordar las instalaciones escolares –incluida la reducción del umbral de bonos al 60 %– y la Legislatura se opondría, ofreciendo en su lugar inversiones modestas. Al menos dos proyectos de ley para facilitar a los distritos la aprobación de bonos no llegaron a ninguna parte.

Tan reciente como el año pasado, un informe estatal estimaba que las necesidades de las instalaciones escolares superaban los $800 millones, una cifra que los investigadores reconocieron que probablemente se situaba en el extremo inferior de las necesidades reales.

“La Legislatura nunca cumplió con su responsabilidad”, dijo Jim Jones, ex juez de la Corte Suprema estatal que participó, en parte, en la decisión de 2005. “Hicieron retoques aquí y allá. Pero nunca establecieron un sistema por el que el Estado asumiera la responsabilidad, o la responsabilidad principal, de la financiación, la construcción y el mantenimiento. Y ahí es donde estamos ahora”.

El representante estatal republicano Jason Monks discrepó, afirmando que la Legislatura había cumplido con su obligación constitucional, pero seguía trabajando para mejorar la educación pública. “¿Estamos haciendo lo mínimo? Sí”, dijo Monks, ex adjunto del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. “¿Podemos hacerlo mejor? Sí. ¿Y deberíamos hacerlo mejor? Sí. Pero creo que estamos proporcionando al menos el mínimo que se nos exige”.

Este año, en un gesto a favor de la situación de los distritos escolares, los legisladores aprobaron una ley del impuesto sobre bienes inmuebles que asignaba fondos a los distritos para pagar bonos y gravámenes. Los distritos recibirán $65 millones este año fiscal y alrededor de $79 millones en el próximo año fiscal, según estimaciones de la oficina del gobernador. Pero, señalan los críticos, la legislación también elimina un día de elecciones en marzo, una de las cuatro fechas en las que los distritos podían celebrar votaciones sobre los bonos, y aquel en que los distritos han visto históricamente el mayor éxito.

La representante estatal Julie Yamamoto, republicana y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, dijo que el proyecto de ley era un comienzo, pero que los legisladores tenían que hacer más para cumplir con su obligación constitucional de financiar adecuadamente las instalaciones escolares. “Reconocemos que no se puede aprobar un bono para construir, ni se puede aprobar uno para dar mantenimiento a los edificios”, dijo en una entrevista. “Tenemos que actuar”.

Mientras tanto, en el condado de Boundary, después de dos bonos fallidos, los maestros y administradores se ven obligados a lidiar con las condiciones en Valley View Elementary, preocupados por si pueden mantener a los estudiantes seguros en un edificio que no pueden permitirse cambiar.

Las condiciones afectan al aprendizaje

Cada septiembre, al comienzo del curso escolar, Drea Leach llega a su clase de quinto grado de Valley View a las 6 a. m. Con la esperanza de combatir el calor, la maestra abre las ventanas y deja entrar el aire del exterior. Pero en Idaho, donde cada vez se alcanzan temperaturas más altas, rara vez es suficiente para que el aula resulte soportable durante todo el día.

A las 10 a. m., el aula puede alcanzar los 85 grados, dijo. Los alumnos empiezan a sudar, se abanican y se desconectan. “Tratar de que los niños se sienten aquí y aprendan y se concentren cuando hace 85 grados es casi imposible”, dijo Leach, que usó su propio dinero para proporcionar un enfriador de agua para los estudiantes.

Los maestros y administradores del condado de Boundary dicen que es poco lo que pueden hacer con sus escasos recursos. A diferencia de las escuelas en comunidades urbanas más ricas como Boise, Valley View no tiene aire acondicionado, y traer unidades de aire acondicionado para las aulas –como las escuelas de la ciudad de Nampa hicieron el otoño pasado cuando sus viejas unidades fallaron– no es una opción. Sobrecargaría el sistema eléctrico, que está al límite de su capacidad.

Los inviernos presentan retos similares. Las viejas paredes de bloques de concreto ofrecen poca protección contra el frío, y la calefacción es ineficaz y cara. Leach ha hecho saltar el disyuntor al enchufar un calefactor, por lo que los estudiantes se ven obligados a abrigarse para asistir a clase. De hecho, en un día de enero a 36 grados, representantes del Statesman y ProPublica observaron a estudiantes con sus chaquetas y pantalones de nieve durante la clase. El aula puede llegar a ser tan fría, dijo Leach, que simplemente coloca su almuerzo en el suelo cerca de la pared exterior para mantenerlo fresco. “De hecho, se refrigera solo”, dijo.

Los maestros suelen recurrir a Steve Bortz, jefe de mantenimiento de Valley View. Durante los últimos siete años, se ha pasado el día atendiendo llamadas de miembros del personal sobre goteras en el techo, desagües atascados y paredes agrietadas. Cuando hay grandes tormentas de nieve, se pasa horas quitando la nieve del tejado para evitar que se derrumbe. En una visita reciente, quitó una placa del techo del pasillo para mostrar cómo resuelve las goteras: cubos sujetos con cinta adhesiva para recoger el agua. Cuando ve nuevas grietas en las paredes, las rellena con la esperanza de bloquear las corrientes de aire. “Todo lo que puedo hacer es intentar solucionar la situación lo mejor posible”, dijo en una entrevista. “La mayoría de las cosas que acabo haciendo ahora son cosméticas”.

Este tipo de condiciones pueden afectar el aprendizaje. En 2017, investigadores de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, después de revisar más de 200 estudios científicos, informaron que las temperaturas pueden afectar las calificaciones de los exámenes y que la mala ventilación está vinculada a la fatiga y a periodos de atención más cortos. En entrevistas con agencias de noticias, siete maestros y empleados de Valley View se quejaron de la pérdida de tiempo lectivo cada mes debido a la antigüedad y la distribución de la escuela.

Cabe destacar que, además de los problemas climáticos, los alumnos deben desplazarse entre seis edificios a lo largo del día, un diseño inusual implantado hace décadas para hacer frente al hacinamiento. La distancia entre edificios es especialmente difícil para los alumnos de kínder, que cruzan una calle al menos cuatro veces al día para ir a comer, a clase de gimnasia y a la biblioteca.

Ir y venir en invierno, cuando el suelo está cubierto de nieve y hielo, puede ser peligroso. Los administradores dicen que un niño que usa andador tropezó con la acera rota y resultó herido.

Los administradores dicen que es solo cuestión de tiempo para que la escuela experimente otra crisis. El sistema de fontanería de Valley View, por ejemplo, está formado por tuberías de arcilla y galvanizadas, que se están colapsando tras más de siete décadas de uso. Un “fallo catastrófico” pudiera dejar los baños inoperativos, dijo Bayer. Si eso ocurriera, el edificio principal de la escuela tendría que cerrar. Para muchos maestros, la solución está clara: un nuevo edificio.

“Solo tendríamos que preocuparnos de los alumnos. Ese sería nuestro único trabajo”, dijo Teresa Smith, profesora de segundo grado. “No tendríamos que preocuparnos de las grietas ni de los techos ni de los baños ni de que entraran y salieran sin supervisión. No tendríamos que preocuparnos de nada de eso, solo de su educación”.

Un llamado a la intervención del Estado

En una fría noche de enero, Bayer se enfrentó a la junta escolar del Condado de Boundary. En el orden del día estaba Valley View Elementary School.

El distrito había hecho lo que había podido proponiendo bonos a los votantes, dijo Bayer. Pero en dos ocasiones, demasiados contribuyentes dijeron no. “No sé qué más hacer para convencer al público de que necesitamos una nueva escuela”, dijo Bayer a la junta.

A continuación, resumió las conclusiones del comité de instalaciones del distrito, que consideró cuatro posibles cursos de acción, todos ellos sombríos: No hacer nada mientras las condiciones en Valley View se deterioran más; empezar a hacer reparaciones, a sabiendas de que sería tirar el dinero en un edificio en ruinas; someter otro bono a votación; o pedir a los electores aprobar los fondos a través de un tipo diferente de medida, conocida como un gravamen de instalaciones de planta. Pero incluso ese gravamen presentaría desafíos; aunque pudiera ser aprobado con menos apoyo general que un bono, también pudiera resultar en impuestos mucho más altos para los propietarios de inmediato y menos fondos para la escuela por adelantado, lo que significa que el distrito tendría que tratar de construir una nueva escuela en fases.

El grupo no eligió ninguna de ellas. En su lugar, recomendó que la junta escolar recurriera al Estado.

Cuando Bayer transmitió esta información a la sala aquella noche, los miembros de la junta negaron con la cabeza y se cubrieron la cara con las manos. Desde 2006, Idaho solo ha intervenido dos veces para ayudar a los distritos escolares a reparar sus escuelas. Esa ayuda tuvo un precio: un préstamo del Estado, que fue devuelto por los habitantes locales a través de aumentos de impuestos con el que no estuvieron de acuerdo. Incluso entonces, en un caso, el Estado solo cubrió ciertas reparaciones y no financió una nueva escuela, dejando al distrito con muchos de sus problemas aún sin resolver, informó The Associated Press.

Esa noche, al no ver otra opción, la junta escolar del Condado de Boundary aprobó un plan para pedir al Estado que interviniera.

Un inspector estatal determinará ahora la gravedad de los problemas de Valley View, dijo Teresa Rae, vicepresidenta de la junta, al Statesman y ProPublica. Si se considera que la escuela no es segura, el distrito pudiera solicitar en última instancia un préstamo estatal. Los líderes locales, sin embargo, piden más orientación por parte del Estado.

“Dígannos qué hacer. Ustedes crearon este lío”, dijo Rae en la reunión de la junta. “Ustedes lo hacen tan difícil que no pueden aprobar un bono, y sin embargo no financian las instalaciones. ... Dígannos lo que tenemos que hacer”.

Si solo hubieran necesitado una mayoría simple para aprobar un bono, dijo, “ya estaríamos construyendo”.

El Idaho Statesman y ProPublica analizaron las condiciones de una escuela. Ahora queremos informar sobre las condiciones de los edificios escolares en todo el estado y cómo te afectan.

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