A la edad de 31 años, Nixon Arias tenía un perfil parecido a muchos migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Oriundo de Honduras, había estado en el país durante más de una década y había trabajado intermitentemente para una empresa de jardinería durante nueve años. El dinero que ganaba era para construir un futuro para su familia en Pensacola, Florida. Sus páginas de Facebook estaban llenas de fotos de excursiones de pesca y otros momentos con sus tres hijos de 3, 7 y 8 años.

Pero en noviembre de 2013, esa vida empezó a deshilacharse.

El año anterior, Arias había estado cortando la hierba de la franja divisoria de la Highway 59 (carretera 59) justo al otro lado de la línea divisoria estatal con Alabama cuando su tractor chocó con un agujero, lanzándole en el aire. Cayó violentamente sobre su asiento, recibiendo un duro impacto en la parte inferior de su espalda.

Arias recibió medicamentos para el dolor, terapia física e inyecciones de esteroides a través del seguro de compensación laboral de su empleador. Pero el dolor en su espalda convertía incluso el acto de caminar o de sentarse en una lucha. Así que su médico recomendó una costosa cirugía para implantar un aparato que manda impulsos eléctricos a su medula espinal para aliviar el dolor crónico. Seis días después de aquella cita médica, la aseguradora descubrió de repente que Arias había estado usando el número de seguridad social de un hombre muerto, y rechazó no solo la cirugía, sino toda su atención médica anterior y futura.

Desesperado, Arias contrató a un abogado para que le ayudara a solicitar los beneficios para lesionados que la ley de Florida dice que todo empleado, incluidos inmigrantes indocumentados, tienen derecho a recibir. Entonces, una mañana después de dejar a dos de sus hijos en el colegio, Arias fue detenido en su auto mientras su niño pequeño miraba desde el asiento infantil.

Arias fue acusado de usar un numero de seguridad social falso para conseguir un empleo y pedir compensación laboral. La unidad estatal de fraude de seguros había recibido una pista de un investigador privado contratado por la aseguradora del empleador de Arias.

Con su espalda todavía dolorida por tres discos herniados o dañados, Arias permaneció un año y medio en la cárcel y en un centro de detención para migrantes antes de ser deportado.

Independientemente de cómo la gente opine sobre la inmigración, hace mucho tiempo que jueces y legisladores en toda la nación han reconocido que el empleo de trabajadores no autorizados es una realidad de la economía estadounidense. Desde martillar las tablillas de los tejados a limpiar cuartos de hotel, alrededor de 8 millones de inmigrantes en el país trabajan sin papeles o con papeles falsos, y los estudios académicos muestran que son más propensos a sufrir lesiones o morir en el trabajo que otros trabajadores. Como resultado, a través de los años casi todos los cincuenta estados, incluida Florida, han dado a estos obreros el derecho a recibir compensación laboral.

Pero en 2003, los legisladores de Florida crearon una trampa, introduciendo como delito el acto de solicitar compensación laboral usando identificación falsa. Desde entonces, las aseguradoras han evitado pagar por la pérdida de salario y la atención medica denunciando repetidamente a los trabajadores inmigrantes lesionados a las autoridades estatales.

Trabajadores como Arias han sido acusados del crimen de fraude al sistema de compensación laboral, aunque sus lesiones son reales y ocurrieron durante el trabajo. Y en un embrolloso giro de lógica, se puede acusar a inmigrantes por fraude de compensación laboral aunque nunca hayan estado lesionados ni hayan reclamado beneficios, porque los legisladores también hicieron ilegal el uso de un documento de identidad falso para conseguir un empleo. En muchos casos, la unidad estatal de fraude de seguros ha llevado a cabo redadas inusuales en lugares de empleo, deteniendo a una docena de empleados por fraude al sistema de compensación laboral después de tan solo examinar sus números de seguridad social.

Lo que ha estado pasando silenciosamente a los trabajadores en Florida, sin llamar la atención ni siquiera de activistas para los derechos de los inmigrantes, puede ser un presagio del futuro con la entrada en vigor de la expansión de vigilancia de la inmigración bajo el Presidente Donald Trump.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump amplió las prioridades de Immigration and Customs Enforcement (ICE, el servicio de vigilancia de inmigración y aduanas) para incluir no solo a los inmigrantes condenados o acusados de un delito, sino cualquiera bajo sospecha de haber cometido un delito. La orden también aplica cualquier persona “que haya cometido fraude o descripción intencionalmente engañosa ante una agencia gubernamental.” Este lenguaje podría arrastrar a un número sin fin de trabajadores lesionados e indocumentados porque las agencias estatales de compensación laboral y los centros médicos normalmente piden los números de seguridad social como parte del proceso de reclamación de beneficios.

En los últimos meses, un trabajador de construcción en Massachusetts quien se fracturó el fémur al caerse de una escalera fue detenido por el ICE justo después de reunirse con su jefe para pedir ayuda por su lesión. En Ohio, legisladores republicanos impulsaron un proyecto de ley que hubiera prohibido a los trabajadores indocumentados recibir compensación laboral. Fue aprobada por la casa de representantes del estado antes de ser frenada en el senado en junio.

Para evaluar el impacto de la ley de Florida sobre los trabajadores indocumentados, Propublica y NPR analizaron datos de fraude de seguros en el estado y miles de páginas de archivos judiciales representando un periodo de 14 años. Encontramos casi 800 casos en todo el estado en que los empleados fueron arrestados bajo la ley en cuestión, incluidos al menos 130 trabajadores lesionados. Otros 125 trabajadores fueron arrestados después de que la lesión de un obrero en su sitio de trabajo impulsó el estado a verificar los archivos de plantilla de otros empleados. Las aseguradoras han utilizado la ley para negarle beneficios a trabajadores después de una letanía de lesiones laborales serias, desde caídas de tejados a fuertes descargas eléctricas. Una pintora de casas fue rechazada después de ser atravesada por una estaca de madera.

Alertados por aseguradoras o sus detectives privados, investigadores estatales de fraude han detenido a empleados lesionados durante sus citas médicas y mientras prestaban declaración en sus casos de compensación laboral. Algunos fueron detenidos con sus brazos todavía en cabestrillos. Al menos uno de cada cuatro de los detenidos fueron subsecuentemente detenidos por el ICE y deportados.

Los funcionarios estatales defendieron sus tareas de vigilancia, señalando que los trabajadores, lesionados o no, violaron la ley y podían haber causado daños financieros si los números de seguridad social que estaban usando pertenecían a otra persona. Además, la ley obliga a las aseguradoras a denunciar a cualquier trabajador sospechado de fraude.

“No tenemos la autoridad ni la responsabilidad de salir y empezar a analizar la motivación de una aseguradora o de cualquier otro cuando nos entregan una denuncia,” dijo Simon Blank, director de la unidad de fraude de seguros de Florida. “Sería desafortunado,” dijo, si las aseguradoras denunciaran a trabajadores lesionados “solo para deshacerse de las demandas.”

Blank insistió en que los esfuerzos de sus investigadores no tienen nada que ver con la inmigración. Pero el análisis de ProPublica y NPR determinó que más del 99 por ciento de los trabajadores detenidos bajo la ley fueron inmigrantes hispanos trabajando con papeles falsos.

Si bien la legislación de Florida es singular, las aseguradoras, conservadores de línea dura y algunos grandes empleadores han estado luchando en todo el país durante los últimos 15 años para negar compensación por lesiones a inmigrantes indocumentados, con éxito ocasional. En un dictamen que recibió poca atención el otoño pasado, una comisión internacional de derechos humanos criticó a los Estados Unidos por violar los derechos de inmigrantes no autorizados, incluidos un recolector de manzanas en Pennsylvania que fue forzado a aceptar un acuerdo de su caso que representaba una fracción de los costos de su lesión, y un pintor de Kansas quien no pudo conseguir que le sacaran el molde de yeso de su mano fracturada hasta ser deportado a México.

En Florida, casos contra este tipo de trabajadores se han convertido en política habitual para un grupo de aseguradoras y empleadores cercanamente afiliados. La empresa de investigación privada que emplean ha creado un “muro de la vergüenza,” subiendo a su sitio de internet las detenciones en que ha estado involucrada. Los críticos dicen que esta alianza alienta a los empleadores a contratar inmigrantes no autorizados, sabiendo que no tendrán que pagar por sus lesiones si se hacen daño en el trabajo.

“Enfurece pensar que cuando los trabajadores se hacen daño en Estados Unidos, son básicamente desechados,” dijo David Michaels, el más reciente jefe de la Occupational Health and Safety Administration (administración federal de seguridad y salud laboral.) “¿Si los empleadores saben que los obreros tienen demasiado miedo para solicitar compensación laboral, cuál es el incentivo para trabajar de forma segura?”

Las repercusiones de la ley en la vida real sorprendieron a uno de los abogados quien ayudó a redactarla y que no tenía ni idea de que había sido usada para acusar a cientos de trabajadores que nunca habían sufrido lesiones en el trabajo.

“¿Cómo puede haber fraude de seguros si no hay una demanda de compensación?” preguntó Mary Ann Stiles, una veterana representante de empresarios y abogada de defensa en casos de compensación laboral. “Esto no es lo que quienquiera pretendía que fuera.”

En el caso de Arias, los archivos muestran que nunca escribió el número de seguridad social falso en ninguna de los varios formularios relacionados con su demanda. Fue impreso automáticamente por la aseguradora, usando información de su empleador. Pero eso no impidió al fiscal del estado de acusarle de 42 delitos de fraude de seguros — uno por cada formulario en que apareció el número.

Como parte de la acusación penal, investigadores exigieron que Arias devolviera $38,490.51 a Normandy Harbor Insurance para la atención médica y los cheques de compensación que ya había recibido por su lesión. La aseguradora se negó a hacer comentarios sobre el asunto. De vuelta en Honduras, Arias, quien padece todavía de dolor crónico de espalda, no ha podido encontrar más que trabajos esporádicos. Y no ha visto a sus tres hijos nacidos en los Estados Unidos en más de dos años.

Todo el tiempo en detención “siempre estaba preguntando, ‘¿Por qué estaba allá? Me preguntaba ¿por qué razón? No he hecho nada. No he robado. No he matado,” dijo Arias por teléfono desde su pueblo rural en el estado de Copán. “Solo estaba haciendo mi trabajo- por mis hijos.”

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El sitio web de Command Investigations, ubicado muy cerca de Orlando, se jacta de su éxito en dar caza al fraude de compensación laboral, mostrando una galería poco halagadora de fotos policiales de hombres y mujeres, en su mayoría hispanos, como si fueran trofeos. Pero la mayoría no fueron pillados haciendo motociclismo acuático mientras fingían lesiones de rodilla. Son trabajadores que sufrieron lesiones legítimas a quienes investigadores de Command cazaron usando números falsos de seguridad social.

Command, que delató a Arias al estado, abrió sus puertas en 2012 y se destacó rápidamente en Florida ofreciendo sus servicios a la lucrativa industria de arrendamiento de empleados. A diferencia de las agencias temporales, que encuentran trabajadores y los ofrecen a empresas, las empresas de arrendamiento de empleados prometen bajar los gastos de las compañías por un sistema de contratar a los empleados en teoría, y después alquilarles a los empleadores. El planteo básico es que, compartiendo el riesgo de varias empresas pequeñas, las empresas de arrendamiento de empleados pueden negociar mejores tasas de seguros. Este arreglo es especialmente atractivo para empresas familiares en industrias peligrosas, como la construcción

Uno de los primeros grandes clientes de Command fue Lion Insurance, cuya afiliada, SouthEast Personnel Leasing, que ejerce como el empleador formal de más de 200,000 empleados en toda la nación. Según su sitio en Internet, SouthEast genera $2.3 mil millones en ganancias anuales — más o menos los mismos ingresos que la empresa de ropa J. Crew o la cadena de restaurantes Red Lobster.

Desde 2013, casi el 75 por ciento de los inmigrantes detenidos en Florida por usar tarjetas de identificación falsas fueron delatados por Command — y la mitad trabajaba para SouthEast, según determinaron ProPublica y NPR. SouthEast ha tenido 43 trabajadores lesionados detenidos por usar números de seguridad social falsos — más que cualquier otra empresa.

Una razón: SouthEast, así como su aseguradora, Lion, y su procesador de demandas, Packard Claims, son todas propiedad de la misma persona. Este arreglo inusual da a la empresa más control sobre las demandas por lesiones y una consistencia que no pueden proveer otras empresas especializadas en industrias de alto riesgo. Pero los críticos dicen que beneficia a SouthEast en más formas perniciosas: Saber que Lion y Packard pueden rechazar las demandas de trabajadores no autorizados permite a SouthEast ofrecer descuentos a sus clientes que no son posibles para las otras empresas de arrendamiento de empleados.

“Contratan a estas empresas sabiendo perfectamente que el 95 por ciento de los empleados son trabajadores inmigrantes,” dijo Cora Cisneros Molloy, quien recientemente empezó a representar a trabajadores lesionados después de dos décadas defendiendo a empleadores y aseguradoras. “Solo después de que sucede un accidente determinan que van a hacer una investigación y verificar el número de seguridad social.”

El que controla este imperio desde un edificio de seis plantas rodeado de palmeras en Holiday, Florida, es John Porecca, 68, quien creció en Philadelphia y trabajó en la industria del arrendamiento antes de comprar SouthEast con su esposa en 1995. A pesar de ser el dueño de una de las empresas privadas más grandes de Florida, Porreca ha logrado mantenerse fura del ojo público, apareciendo solo rara vez en la prensa local, como cuando donó dinero para un campo de béisbol para niños minusválidos o compró una mansión en la playa por $4 millones cuyo tamaño molestó a los vecinos.

Porreca no respondió a múltiples mensajes dejados en su oficina o en su casa durante un mes. En un correo electrónico, Brian Evans, un abogado de SouthEast, dijo que Porreca declinaba hacer comentarios excepto decir que SouthEast se “adhiere estrictamente” a la ley y no es responsable por lo que suceda a sus trabajadores, aunque los investigadores de la compañía les delataron al gobierno del estado.

El presidente de Command, Steve Cassell, también declinó solicitudes para una entrevista, alegando acuerdos de confidencialidad con sus clientes.

Bram Gechtman, un abogado de Miami quien ha representado a varios trabajadores lesionados de SouthEast, dijo que el número impresionante de casos en que Lion y Packard han descubierto los documentos de identificación falsos de trabajadores solo después de que se lesionaran exige preguntar porque SouthEast no hace más para filtrar a sus contratados.

“Si yo tuviera una situación en la que tenía a toda esta gente defraudando a mi compañía una y otra y otra vez, supuestamente, haría algo para intentar frenarlo,” dijo, “al menos que hubiera otra razón por la que yo no quisiera que parara.”

Command y SouthEast se han expandido recientemente a otros estados. El año pasado, una mujer en Georgia fue detenida por robo de identidad después de que un carrito atropelló su pie en una planta de envasado de carne y Command la entregó a la oficina de compensación laboral del estado. En California, dos agencias de empleo demandaron a SouthEast, alegando que su procesador de demandas rutinariamente rechazaba las reclamaciones de compensación de trabajadores basándose en su estatus migratorio, fomentando litigios que aumentaron el costo de las demandas.

Para los trabajadores, aceptados sin preguntas hasta que se lesionan, ser atrapados en la red de Command y Southeast, puede volcar unas vidas que habían sido tranquilas. Berneth Javier Castro vino originalmente a los Estados Unidos con un visado de turista en 2005 buscando a la mujer que había querido y perdido durante la guerra en Nicaragua en los años 80.

Incapaz de encontrarla y enfrentando deudas en su país por su casa y la escuela de su hija, Castro, quien ahora tiene 52 años, se quedó después del vencimiento de su visado y encontró trabajo en una empresa de arreglos de tejados en St. Augustine en 2007. Inicialmente, le pagaban en efectivo bajo la mesa. Pero después de unos meses, la empresa dijo que le hacía falta una tarjeta de seguridad social para seguir trabajando. Así que compró una. “Era la única forma como podía conseguir trabajo,” dijo.

En 2011, Castro reconectó finalmente con Lucía Escobar usando tecnología moderna — la encontró en Facebook. Escobar, 48, quien había recibido asilo político y es ahora una ciudadana de Estados Unidos, se estaba divorciando. Empezaron a hablar todos los días y planificaron juntarse una vez que el divorcio fuera definitivo.

Como muchos trabajadores no autorizados, Castro temía ser deportado si informaba que había sufrido una lesión. Así que cuando se cortó el dedo meñique con unas chapas de cobre y recibió nueve puntos de sutura, se quedó callado y siguió trabajando. Pero unos meses después, cuando se torció la espalda pasando una carga de baldosas a un compañero sobre un tejado, la compañía le mandó a una clínica.

Allí, un representante de la compañía rellenó el formulario porque estaba escrito en inglés, dijo Castro. Como no se acordaba del número de seguridad social que había usado, el representante lo consiguió de la empresa y lo puso en el formulario.

La clínica le dio a Castro unas pastillas para el dolor. Pero cuando volvió para una cita de seguimiento, le dijeron que había un problema con su número de seguridad social. Castro nunca volvió y trató su espalda con almohadillas térmicas y bálsamos para aliviar el dolor. Dio el asunto por zanjado y continuó trabajando para la compañía durante casi un año.

Entonces en noviembre de 2013, investigadores estatales se presentaron en su casa y lo detuvieron por fraude de seguros. Había sido delatado por un investigador de Command que estaba trabajando para Lion.

La denuncia por fraude de compensación laboral finalmente fue retirada, pero Castro aceptó una acusación por utilizar fraudulentamente la identidad de otra persona. Pasó cinco meses en la cárcel y estaba enfrentando una posible deportación cuando un juez le aprobó una salida voluntaria a Nicaragua.

“Lo del número falso lo entendí pero necesitaba trabajar, pero lo otro no lo entendí, porque de donde iba yo a cometer un fraude,” dijo Castro por teléfono desde Managua. “No soy tan irracional como para no entender eso. No soy un criminal. Entonces no entendía dónde podría haber cometido fraude. Yo no pedí nada de eso. Yo nunca ni aun rellené un documento reclamando compensación por algo.”

Escobar sospechó que algo estaba mal cuando de repente no tuvo más noticias de él. Entonces el teléfono de él fue desconectado. “Todos los días yo entraba en Facebook, esperando y le escribía,” dijo.

Meses después, cuando finalmente él la llamó desde Nicaragua, ella estaba aliviada y abatida a la vez. En 2015 después de que su divorcio fue definitivo, voló a Nicaragua y se casó con él. Pero todavía viven separados, Castro en Nicaragua y Escobar en las afueras de Miami, donde cuida a su nieto. Están solicitando para el retorno de Castro, pero la condena podría ser un obstáculo.

“Es triste, porque cuando uno se casa, uno quiere estar con su esposo,” dijo Escobar. “y nosotros esperamos mucho tiempo para estar juntos.”

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A través de los años, muchos tribunales han ratificado los derechos de los trabajadores no autorizados a recibir compensación por lesiones en el lugar de trabajo, al sueldo mínimo, y a ser protegidos contra represalias por unirse a un sindicato. Estos derechos se derivan de su estatus como empleados sin importar su estatus como inmigrantes.

Una corte de apelaciones de Florida, por ejemplo, dictaminó en 1982 que “un extranjero ilegalmente en este país” tenía derecho a beneficios de compensación laboral.

Se arrojó duda sobre esta presunción en 2002 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo diciendo que un grupo de trabajadores indocumentados en una empresa de plásticos que habían sido despedidos por actividad sindical no tenían derecho a pagos atrasados por su estatus migratorio. Las aseguradoras y los grandes empleadores inmediatamente inundaron los tribunales con solicitudes diseñadas para arrancar protecciones laborales de los inmigrantes no autorizados. Las empresas de arrendamiento de empleados encabezaron la lucha en Florida.

Los demandantes argumentaron que los inmigrantes indocumentados no tenían derecho a compensación laboral porque su empleo había sido obtenido ilegalmente. Legisladores en varios estados, desde Colorado a North Carolina, presentaron proyectos de ley para bloquear las demandas de trabajadores no autorizados.

Cuando los tribunales y las legislaturas estatales empezaron a rechazar este argumento, las aseguradoras empezaron a presionar para denegar compensación por discapacidad a inmigrantes, argumentando que una vez que su estatus de indocumentados era conocido, no podían volver, como otros trabajadores, a trabajos menos intensivos. Este razonamiento tuvo éxito en Michigan y Pennsylvania, pero no en Delaware y Tennessee.

En los últimos años, los empleadores y las aseguradoras han empezado a utilizar una nueva táctica, argumentando que solo tendrían que tener responsabilidad para pagar la pérdida de salario basándose en lo que el inmigrante hubiera ganado en su país de origen. En Nebraska, por ejemplo, la envasadora de carne Cargill intentó cortar los beneficios a Odilón Visoso, que se lesionó cuando un trozo de carne de res de 200 libras cayó encima de su cabeza, diciendo que era demasiado difícil determinar lo que podía ganar en Chilpancingo, México, una ciudad azotada por el crimen y controlada por los carteles de la droga cerca de su pueblo rural en las montañas. La Corte Suprema de Nebraska dijo a la empresa que usara los sueldos de Nebraska.

La ley de Florida de 2003 fue parte de una revisión profunda con el fin de bajar gastos para los empleadores. Según un análisis del senado estatal, la división de fraude de seguros había presionado para la disposición, argumentando que “muchas veces los extranjeros ilegales están aliados con médicos poco éticos y abogados que defraudan el sistema de compensación laboral.” Era más fácil demostrar que los inmigrantes habían mentido sobre sus identidades, dijo la agencia, que probar que sus lesiones eran falsas.

En entrevistas recientes, sin embargo, representantes de la unidad estatal de fraude y de la industria de seguros no pudieron identificar ni un solo caso en que inmigrantes hubieran conspirado con médicos y abogados para defraudar al sistema de compensación laboral. En vez de eso, notaron que los números de seguridad social falsos dañan la capacidad de las aseguradoras de investigar las demandas. Además, dijeron, estas demandas podrían impedir a la gente cuyas identidades fueron robadas recibir beneficios si sufren lesiones en el futuro.

Stiles, la abogada que fue clave en el diseño de la ley, dijo que la industria de la construcción del estado estaba permeada por fraude en aquella época, y que había mucha preocupación con la inmigración ilegal. Dijo que hasta a los inmigrantes que están “realmente lesionados” tendría que denegárseles la compensación si están usando documentos ilegales para su demanda y “que no deberían que estar aquí para empezar.”

“Creo que somos una nación de leyes y que deberíamos poder aplicar esas leyes,” dijo. “Y si el gobierno federal no lo va hacer, algunas veces el estado se tiene que ayudar a sí mismo.”

Meses después de que la ley fuera aprobada, sin embargo, el comité de las industrias bancarias y de seguros del senado recomendó reconsiderarla, expresando preocupación por la posibilidad de que trabajadores con lesiones legítimas pudieran ser descalificados. Pero estos consejos nunca fueron tenidos en cuenta. Los primeros casos penales bajo la ley aparecieron en 2006. La ley atrapó a obreros, jornaleros agrícolas, techadores y jardineros. Algunos, como Arias, se lesionaron mientras trabajaban en proyectos públicos — renovar escuelas o poner concreto en el zoológico. Pero ProPublica y NPR también encontraron trabajadores detenidos que habían sido lesionados en McDonald’s y Best Western y delatados por grandes compañías de seguros como Travelers, The Hartford y Zurich.

En un caso, investigadores estatales descubrieron que más de 100 trabajadores estaban todos usando un número de seguridad social que pertenecía a una niña de 10 años.

En otro en 2014, el abogado de un trabajador lesionado se quejó al estado de que una empresa envasadora de frutas frecuentemente usaba el estatus migratorio como elemento de presión en los acuerdos legales. En vez de sancionar a la empresa, los investigadores hicieron una redada en la planta y detuvieron a 106 inmigrantes, incluida la esposa del hombre lesionado.

Uno de los primeros casos de SouthEast involucraba a una limpiadora de hotel en el Comfort Suites de Vero Beach. Yuliana Rocha Zamarripa estaba limpiando un cuarto de hotel en 2010 cuando resbaló sobre el suelo del baño y golpeó su rodilla contra la bañera, dejándola con un dolor y una inflamación tan intensos que no era capaz de caminar.

Lion la mandó a un médico, pero rechazó rápidamente su demanda, basándose en un número de seguridad social falso.

La madre de Rocha la había traído a Estados Unidos desde Mexico cuando tenía 13 años, y cuando cumplió 17 su padre le compró el documento de identidad falso para que pudiera trabajar.

Con pocas opciones, Rocha, quien ahora tiene 32, llegó a un acuerdo en su caso de compensación laboral por menos de $6,000 más gastos de abogados. Pero nunca recibió la atención medica que necesitaba. La semana anterior a la que tenía que recibir el cheque, fue detenida mientras preparaba el desayuno para su hijo de 4 años.

Rocha pasó el siguiente año rotando entre la cárcel y el centro de detención del servicio de inmigración, separada de sus tres hijos. No podía dormir por la preocupación de que les pasaría a ellos si fuera deportada.

“Yo todo el tiempo hacía la oración de Padre Nuestro, y al final yo pedía, Padre Mío dame una oportunidad de regresar con mis hijos. No permitas que les pase nada malo,” dijo. “Yo tenía el presentimiento de algo.”

Los instintos de Rocha eran acertados. Mientras estaba en la cárcel, el padre de sus hijos empezó a abusar sexualmente de su hija de 10 años, según su orden de arresto. “Yo me quedaba, pues, destrozada,” dijo Rocha en lágrimas, “porque no sabía que pasaba.”

Con la ayuda de un abogado, Rocha se declaró culpable de un cargo menor — perjurio fuera de un procedimiento oficial — y fue finalmente liberada. A causa de lo que le pasó a su hija, su abogado logró cancelar la deportación de Rocha y ayudarle a conseguir una tarjeta verde.

Rocha recibió finalmente el monto del acuerdo laboral pero tuvo que gastarlo todo en solicitar su liberación y tratar con el servicio de inmigración. Ahora cojea porque su lesión no se curó correctamente.

“Pienso que es una injusticia lo que me pasó,” dijo. “solo porque me caí, me resbalé.”

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La operación encubierta había sido meticulosamente planificada durante semanas. El día anterior, los detectives habían investigado el lugar — una oficina de dos pisos que parece una mansión colonial española cerca del centro de Fort Myers. Antes de la detención, se escondieron para vigilar la puerta trasera del edificio desde el otro lado de la calle, según el reporte del caso del detective.

El tiempo y los recursos humanos no eran para agarrar a un pandillero o a un narcotraficante, era un operativo coordinado con Command para atrapar a un techador de 26 años que estaba en la oficina de un taquígrafo del tribunal para prestar declaración en una deposición para su caso de compensación laboral. Un año antes, en 2014, Erik Martínez estaba trabajando sobre un tejado cuando un clavo rebotó y le pegó en el ojo izquierdo. Estaba solicitando atención médica y salario no percibido, pero, como muchos obreros de la construcción, estaba usando un número de seguridad social falso.

Aunque era ostensiblemente un operativo del Departamento de Servicios Financieros de Florida, un detective estatal había trabajado estrechamente con un abogado de Lion en un plan para alertar a los agentes en los minutos finales de la declaración. Entre preguntas, el abogado mandaba correos electrónicos al detective, en un momento dado proporcionando una descripción de la ropa de Martínez.

“Cambiamos nuestra posición al estacionamiento de atrás,” escribió el detective en su informe, “donde esperamos el aviso de que la deposición estaba acercándose a su fin.” Al recibir confirmación, los detectives entraron en acción, deteniendo a Martínez mientras salía de la oficina.

A pesar del esfuerzo exhaustivo, el procurador del estado decidió no poner cargos penales. Pero la narrativa escrita por el detective revela una historia más grande: en la mayoría de los casos de lesiones analizados por ProPublica y NPR, los detectives de la unidad estatal de fraude recibieron un paquete de los investigadores privados que contenía casi toda la información que hacía falta para hacer un arresto.

Durante una entrevista de una hora en Tallahassee, Simon Blank, quien lidera la División de Servicios Investigativos y Forenses del departamento, dijo que sus detectives dirigen sus propias investigaciones y toman sus propias decisiones. Los arrestos en declaraciones, dijo, solo ocurren cuando tienen dificultades en localizar a alguien.

“La cosa que tienes que tener en cuenta es que esta gente está cometiendo robo de identidad,” dijo Blank. “Están arrebatando el número de seguridad social de alguien o la información personal de alguien para obtener trabajo.”

Aunque Blank expresó repetidamente su compasión por los trabajadores inmigrantes que sufren lesiones legítimas, notó que la gente cuyos números de seguridad social están siendo usados podrían enfrentar problemas con su situación de crédito o consiguiendo atención medica si una demanda que no es suya aparece en su historial.

La viuda de un hombre de Mississippi cuyo número de seguridad social Arias estaba usando, Carolyn Lasseter, dijo que no le había afectado, pero que no “siente pena por la gente que están por aquí ilegalmente.” Cuando compró una casa después de la muerte de su marido, el banco le informó que otro hombre había usado su número para sacar, y pagar, un préstamo, pero el asunto fue arreglado fácilmente.

La oficina de Blank ha sido acusada por algunos abogados de violar la Constitución al utilizar la ley de compensación laboral para perseguir delitos de inmigración. “La intención verdadera detrás de lo que están haciendo es regular la inmigración,” dijo Jimmy Benincasa, un abogado de inmigración de Florida, “porque no creen que el gobierno federal este haciendo lo suficiente.”

Él y otros señalan un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2012 que derribó una serie de leyes de inmigración de Arizona, incluyendo una que penalizaba como delito el intento de inmigrantes no autorizados de buscar, solicitar o desempeñar un trabajo.

“El Congreso decidió que sería inapropiado imponer sanciones criminales contra extranjeros que buscan o realizan trabajo no autorizado,” la corte escribió. “Por consecuencia, una ley estatal que va en el sentido contrario es un obstáculo al sistema regulatorio escogido por el Congreso.”

La corte notó que mientras la ley federal designa como delito obtener empleo a través de métodos fraudulentos, los formularios y documentos que los trabajadores entregan para conseguir empleos solo se pueden usar para acusaciones federales — no para vigilancia de la ley a nivel estatal.

“Nuestra agencia no está en el negocio de perseguir a gente ilegal,” dijo Blank. “Hay bastantes otras circunstancias por las que la gente usa nombres e identificaciones y números de seguridad falsos aparte de inmigración. Tienes a gente que puede tener otros problemas legales. Tienes a gente que podría tener otros problemas legales. Tienes gente que quiere quedar fuera de los registros para razones específicas, ya sea divorcios o retenciones por deudas.”

Entre los casi 800 casos que ProPublica y NPR identificaron, solo cinco se ajustaban a las razones que Blank citó. Blank no parecía estar al tanto de que un informe anual de su propia oficina este año notó que “casi el 100 por ciento” de los sospechosos investigados bajo la ley eran trabajadores indocumentados.

“Parece que se está aplicando en una forma discriminatoria,” dijo Dennis Burke, el ex fiscal federal de Arizona que impugnó las leyes de inmigración de aquel estado. “¿Cómo justificas que tus órdenes de ejecución tienen un 99 por ciento de apellidos latinos?”

Burke pronosticó que será difícil para Florida defender la ley si en algún momento se cuestiona por razones constitucionales. Después del fallo de Arizona en 2012, un abogado impugnó la constitucionalidad de la legislación de Florida, pero las cortes supremas de Florida y Estados Unidos no aceptaron revisar la apelación. A diferencia de la ley de Arizona, la ley de Florida no menciona específicamente a los inmigrantes. Pero Burke dijo que los datos de sanciones penales y la intención fijada de perseguir a redes de inmigrantes defraudadores son problemáticos.

Puesto al tanto de lo que le había pasado a algunos de los trabajadores detenidos, Blank dijo que sentía pena por esta gente pero reiteró que la obligación de su agencia es proteger el sistema de compensación laboral.

“Supongo que es una pregunta que nuestra legislatura tal vez tendría que examinar,” dijo. “¿Cuál es el balance entre el daño y el beneficio que está siendo realizado?”

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Juvenal Domínguez Quino está preocupado por lo que pasará a su hijo de 8 años con necesidades especiales si le deportan. Domínguez, 43, ha vivido en los Estados Unidos durante 19 años. Pero su vida cayó en la incertidumbre en 2014 cuando una trinchera de construcción en que estaba trabajando colapsó, enterrándole en tierra y causándole un esguince de rodilla.

Un mes después, Command le delató a investigadores estatales después de que otorgó un número falso de seguridad social a un perito de seguros. Domínguez dijo que explicó al perito que no tenía papeles e inventó el número para trabajar — detalles que por sí solos no le iban a excluir de recibir compensación laboral. Pero Domínguez dijo que el perito insistió que necesitaba el numero para pagarle sus beneficios. Sunz Insurance y North American Risk Services, que tramitaron la demanda, se negaron a comentar.

Domínguez fue detenido en enero de 2015 mientras preparaba a su hijo para el colegio.

“Mi niño estaba viendo” desde una ventana, dijo con un sollozo. “Él vio cuando me agarraron.”

En aquella época, Domínguez todavía no podía doblar su rodilla, así que tuvo que sentarse con sus piernas extendidas sobre el asiento trasero del vehículo de la policia.

Domínguez aceptó la acusación, y el juez impuso una sentencia de dos años bajo supervisión judicial y le ordenó que pagara casi $19,000 en restitución a la aseguradora. Fue detenido por el ICE y puesto en proceso para deportación.

Michael DiGiacomo, el dueño de Platinum Construction, que empleaba a Domínguez, se sorprendió al escuchar lo que le había pasado. DiGiacomo dijo que Domínguez era un trabajador fiable, y que no sabía que sus documentos eran falsos. Después de que Domínguez se hizo daño, dijo, su lesión estaba en manos de la empresa de arrendamiento y la aseguradora de esta.

“Realmente da bronca por él porque, sabes, vienes y quieres trabajar; da bronca tener que lidiar con eso después de hacerte daño,” dijo. “Al menos tendrían que pagar sus facturas médicas porque se lesionó en el trabajo.”

El abogado de Domínguez ha solicitado a un juez cancelar su deportación por el impacto dañino que iba a tener en su hijo nacido en los Estados Unidos. Su abogado tiene esperanza de que conseguirá un visado para quedarse.

Aunque lo logre, la aseguradora se anotó una victoria — consiguió deshacerse de Domínguez y sus gastos médicos. “No quería hacer nada más de nada,” dijo de su terapia física. “No quería reclamar nada más. Quería vivir con ello nomás porque sabía que solo me iba a traer más problemas.”

El abogado de Arias, Brian Carter, dijo que lo que están haciendo el estado y las aseguradoras es inducción y discriminación por etnia.

“Nadie verifica si el número de seguridad social es válido para un individuo que se llama Tom Smith,” dijo. “Las aseguradoras están utilizando ese pequeño asunto de un número de seguridad social para evitar cualquier responsabilidad financiera, y en mi opinión, ética para cuidar a estos individuos.”

Al final, delatar a Arias no fue suficiente para que la aseguradora pudiera zafarse. Como el fiscal estatal ofreció un acuerdo judicial, Normandy tendría que haber convencido a un juez de compensación laboral que Arias no solo había usado un número de seguridad social falso, sino que lo había hecho para obtener beneficios. De no conseguirlo, la empresa tendría que haber pagado por atención médica y pérdida de salario que potencialmente sumarían cientos de miles de dólares, dijo Carter. Con Arias en Honduras, Normandy ofreció $49,000 más gastos de abogado.

Devuelto a un país donde no había vivido por 15 años, Arias sintió que no tenía opción más que aceptar la oferta. “Llegué con mis manos vacías,” dijo. “Sin cobijo, con nada para comprar medicamentos, ni siquiera para comer.”

A pesar de tener el dinero del acuerdo, Arias dijo que no se fía de los médicos en Honduras para hacer una cirugía de espalda delicada. “Aquí más rápido lo llevan a uno al cementerio,” dijo. Espera que Estados Unidos pueda permitirle volver por razones humanitarias, solo para permitirle tener la operación — y quizás ver a sus niños.