Hoy publicamos un reportaje y un video acerca de Phillip García, un hombre de 51 años que murió estando bajo la custodia del departamento del alguacil del condado de Riverside, California. El video incluye una advertencia para indicar que contiene material que el público podría considerar perturbador. Deseamos ser transparentes acerca de los motivos por los que optamos por compartir este material con el público en estos momentos.

El 22 de marzo de 2017, García fue llevado a la Correccional Larry Smith (la cárcel más grande de las cinco que existen en el condado de Riverside), después de que sus vecinos informaron que estaba gritando obscenidades mientras corría por el patio de su casa. Su compañero de casa, de 87 años, informó a la policía que García lo había atacado, además de haber “divagado sin sentido” toda la noche. Un informe policial indicó que García se había golpeado la cabeza contra la barrera de plexiglás de la patrulla cuando lo trasladaron a la cárcel. Los oficiales no pudieron completar su admisión y lo metieron en una “celda de sobriedad”, donde quedó claro que mostraba señales de encontrarse en crisis psiquiátrica.

García murió menos de dos días después.

Utilizamos las leyes de material de dominio público de California para obtener 17 horas de video de vigilancia y de cámara portátil que documenta parte de las 44 horas que García estuvo bajo custodia. El video jugó un papel clave en nuestra investigación sobre la muerte de García, la cual el médico forense dictaminó que había sido un homicidio. Los videos establecen que los oficiales del alguacil falsificaron documentos y expedientes de la cárcel relacionados con el nivel de fuerza utilizado para subyugar a García. Muestran su estado de agitación al forcejear durante horas para liberarse de las ataduras.

García murió después de habérsele diagnosticado rabdomiólisis, un trastorno provocado por el esfuerzo y uso excesivo de los músculos, los cuales liberan toxinas que a su vez ocasionan insuficiencia renal. La familia García presentó una demanda de muerte por negligencia en un tribunal federal contra el condado de Riverside y el caso se resolvió por acuerdo antes de llegar a juicio, con un pago de $975,000 dólares. El condado no admitió ninguna falta y, como parte de la negociación, insistió en que la familia firmara un acuerdo de confidencialidad en el que se les prohíbe hablar del caso con la prensa.

Según nos consta, ninguna persona del departamento del alguacil recibió medidas disciplinarias por el papel que jugó en la muerte de García, ni tampoco cambiaron los procedimientos.

Cuando la periodista Thalia Beaty de ProPublica se enteró del caso en 2019, esta historia parecía un reportaje obvio que debíamos investigar más a fondo como parte de nuestro esfuerzo continuo para que las autoridades del orden público rindan cuentas por sus faltas de conducta. Beaty trabajó con la colaboración de Ryan Gabrielson, periodista de ProPublica con amplia experiencia en cubrir casos sobre la aplicación de la ley en California.

Nos comunicamos con la familia de García a través de su abogado, Robert Trujillo, para preguntar si alguno de sus familiares estaría dispuesto a hablar con nosotros acerca de los aspectos de su vida que no estuvieran incluidos en el acuerdo de confidencialidad. El abogado Trujillo, que ha presentado cuatro demandas civiles en contra del condado de Riverside por muertes por negligencia o lesiones graves a internos, indicó que la familia no deseaba participar en el reportaje. También nos acercamos a varios miembros de la familia directamente para explicarles los motivos por los que un reportaje como este podría servir para prevenir el maltrato de internos en las cárceles del condado en el futuro, pero se rehusaron respetuosamente a charlar con nosotros.

Decidimos seguir adelante con el reportaje. En esa fase sentimos, y nuestra posición se ve reforzada por las pruebas que reunimos, que el público tiene un gran interés de saber qué le sucedió a García mientras estuvo en manos de los funcionarios del orden público. Ese sentir es aún más fuerte en estos momentos.

Una cuestión importante y muy debatida en ProPublica fue cuánto compartir del video con nuestros lectores. Durante la última década, los videos grabados por testigos con celulares han hecho posible un periodismo totalmente nuevo, con el cual los reportajes de investigación se pueden narrar a través de los videos. Las imágenes de esos reportajes pueden ser viscerales y evocadoras. El año pasado, The New York Times publicó un video extraordinario en el que aparecen pilotos rusos bombardeando deliberadamente hospitales sirios. La semana pasada, The Washington Post utilizó videos noticiosos y capturados por manifestantes para documentar la fuerza excesiva utilizada para despejar el recorrido del Presidente Donald Trump con el fin de obtener un momento fotográfico a la entrada de la Iglesia de San Juan.

Los videos de policías ejerciendo una fuerza excesiva en contra de afroamericanos han sido capturados en gran medida por transeúntes con celulares que los graban en espacios públicos para luego subirlos a las redes sociales. El clamor nacional sobre la muerte de George Floyd se disparó por los videos en los que el policía Derek Chauvin, de Minneapolis, aparece con la rodilla puesta sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos. En otro caso, las últimas palabras de Eric Garner, “No puedo respirar”, fueron grabadas con un celular.

Las cárceles y prisiones representan una propuesta muy diferente. A los internos no se les permite contar con teléfonos celulares y a casi ningún civil se le permite la entrada. La mayoría de las instalaciones tiene cámaras de vigilancia. Los funcionarios públicos son quienes controlan la divulgación de esas grabaciones, además de ser los que pueden perder más si muestran que cometieron faltas de conducta. En este caso, las cámaras capturaron no solo el uso de la fuerza, sino el retraso en proporcionar la atención médica y tratamiento de salud mental que eran urgentes para un interno.

En California, la divulgación de lo que graban las cámaras en las cárceles casi nunca está regida por las leyes estatales de material de dominio público. ProPublica pudo obtener las grabaciones de García debido a que su familia demandó con éxito al condado de Riverside para obtenerlas como parte de su demanda en contra de esa entidad.

Nuestra solicitud de documentos también nos dio acceso a miles de páginas de archivos relacionados con la muerte de García. El video y los documentos forman la base del reportaje que publicamos. El condado retuvo otros documentos, en particular los expedientes médicos de García que incluyen su estado y tratamiento.

Durante muchos meses, nuestro equipo de videoperiodistas revisó las 17 horas de filmación en busca de momentos clave del confinamiento de García. Nuestros objetivos al editarlas estaban inherentemente en conflicto. Queríamos mostrar exactamente lo que sucedió, pero también omitir o no revelar escenas en las que las imágenes de sufrimiento fueran innecesarias, demasiado explícitas o irrelevantes para el reportaje. Lamentablemente, varios de los pasajes más difíciles de observar son también los más relevantes.

Como les explicamos a nuestros lectores cuando cuestionaron un reportaje previo que incluyó el video de una muerte en custodia, en estos casos, lo que esperamos es trabajar con la familia para entender sus puntos de vista y advertirles acerca de lo que estamos por publicar.

Todos excepto uno de los familiares de García se negaron a ver el video o a que se les describiera su contenido. Uno de sus familiares pidió verlo y posteriormente no quiso hacer comentarios.

La falta de una cooperación completa de la familia García planteó cuestiones complejas de ética periodística. A falta de su participación total, tratamos de sopesar el interés público acerca de los reportajes de muertes cuestionables en custodia, contra el efecto potencial que un reportaje de este tipo pueda tener en los familiares a quienes no pudimos entrevistar.

Al final, nos inclinamos por ofrecer la historia más detallada posible de lo que nuestro reportaje denomina como “una tragedia recurrente: una persona en crisis mental que muere estando bajo custodia de oficiales del orden público”. El video podría ser traumático para quienes lo vean. Muestra el trato brusco de una persona más de color a manos de las fuerzas de la ley. Algunos alegan que los medios deben dejar de presentar videos de esos oficiales cuando causan daños a personas negras o morenas. Aunque reconocemos ese punto de vista, esperamos que la importancia de este reportaje pese más que el dolor que pueda ocasionar.

Los antecedentes del condado de Riverside en cuanto al trato que se da en sus cárceles también tuvieron que ver con nuestra decisión de publicar partes del video. En 2016, un juez federal aprobó un acuerdo en el cual el condado prometió mejorar la atención médica y de salud mental de sus reclusos. Nos enteramos de que el condado nunca compartió los documentos relacionados con la muerte de García con los observadores asignados por el tribunal y encargados de asegurar que los oficiales de la localidad cumplieran con los términos de dicho acuerdo. Además, está claro que el condado utilizó casi $1 millón de dólares de fondos de los contribuyentes para mantener el caso fuera del conocimiento público.

Entendemos que la publicación de este video y del reportaje ocurre en un momento particularmente cargado en el que nuestro país está haciendo un recuento sobre el tema de la raza y el orden público. Es legítimo que los lectores pregunten porqué publicamos ahora un reportaje sobre una muerte ocurrida bajo custodia hace tres años. De hecho, la respuesta normal de los periodistas de “publicar un reportaje en cuanto esté listo”, corresponde en este caso. Nuestro equipo, integrado por Beaty, Gabrielson, Lucas Waldron, Katie Campbell y Nadia Sussman, trabajó innumerables horas para captar en forma exacta las sutilezas de este breve cortometraje. Llegamos a ese punto hace solo unos días.

Como editor general de ProPublica, deseo reconocer otra motivación. Lo publicamos ahora, precisamente porque tiene que ver con la conversación que sigue ocurriendo acerca de cómo podemos asegurarnos de que los oficiales del orden público no abusen del inmenso poder que tienen sobre las personas. El asesinato de Floyd se ha unido a ese tema de la vigilancia policíaca en las comunidades. Es igual de importante que nuestro debate nacional incluya lo que sucede fuera de la vista del público, con los más de 2.3 millones de personas detenidas en cárceles y prisiones estadounidenses.