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Legisladores de Illinois y activistas están pidiendo a funcionarios de protección infantil que cumplan mejor con una orden judicial federal relativa al servicio a familias hispanohablantes, un asunto que dicen que se ha hecho más crítico porque el miedo de los inmigrantes a interactuar con agencies gubernamentales ha aumentado.

Los llamamientos son una respuesta a una investigación de ProPublica Illinois el mes pasado que descubrió que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS por sus siglas en inglés) durante décadas ha violado repetidamente una orden judicial federal de 1977 que requiere que la agencia proporcione servicios a familias latinas en su primera lengua.

“Los detalles revelados por estos reportajes son desgarradores, simple y sencillamente,” dijo la Senadora Tammy Duckworth, una Demócrata de Illinois, en un comunicado. “No se le tendría que quitar jamás a ningún niño la oportunidad de comunicarse con sus padres como resultado de las acciones de una agencia gubernamental que pretende ser su defensora, y es claro que el DCFS tiene que mejorar antes de hacer más daño a todavía más niños que no han hecho nada malo.”

El director en funciones del DCFS, Marc Smith, que fue nombrado por el Gobernador J.B. Pritzker en abril, dijo que la administración ha diseñado reformas, entre ellas contratar a más trabajadores bilingües, reclutar a más familias de acogida hispanohablantes y modernizar la tecnología para monitorear mejor si los hijos de padres hispanohablantes son asignados a hogares de acogida donde se habla español.

La representante estatal Sara Feigenholtz, una Demócrata de Chicago, citó el reportaje de ProPublica Illinois en una carta a Smith esta semana pidiendo un cuadro más claro de los pasos que la agencia está tomando para cumplir con la orden de la corte. Dice que activistas para el bienestar infantil y otros le han descrito cómo padres están siendo presionados para renunciar a su derecho a que sus hijos sean ubicados en casas de acogida hispanohablantes y están siendo informados que pedir un asistente social hispanohablante podría demorar la reunificación con sus hijos.

“Estos son nuestros hijos,” dijo Feigenholz. “No son niños desechables.”

Feigenholz enfatizó la difícil situación de familias indocumentadas. En su carta del 15 de julio escribió que muchas están “asustadas y reacias a interactuar con el DCFS porque les preocupa la posibilidad de que se descubra su estatus migratorio y se les señale para ser deportados.”

La investigación de ProPublica Illinois contó la historia de Jorge Matías, un padre guatemalteco indocumentado cuyo idioma principal es el español. El DCFS colocó a sus hijos en una casa de acogida donde solo se habla eslovaco. Los niños, cuya madre sufre una adicción a la heroína, fueron puestos bajo custodia del estado después de nacer con drogas en sus sistemas.

Durante años, el hermano y la hermana crecieron hablando eslovaco y no fueron capaces de comunicarse con su padre, quien fue deportado el otoño pasado pero está luchando para conseguir la custodia.

El inspector general del DCFS concluyó más tarde que hubo un patrón de discriminación contra Matías, sosteniendo que fue presionado para renunciar a sus derechos. La orden judicial federal, que se llama Burgos por el nombre de la familia involucrada en la denuncia original, requiere que el estado asigne hijos de familias hispanohablantes a casas de acogida donde se habla ese idioma y facilite asistentes sociales y otros servicios en español a sus familias.

ProPublica Illinois determinó que ha habido aproximadamente 300 violaciones de la orden Burgos desde de 2005, aunque este número es casi seguramente bajo, dado que durante cuatro décadas el DCFS ha repetidamente fallado en documentar adecuadamente la raza, etnia y preferencia lingüística de las familias. El hijo de cinco años de Matías, por ejemplo, figura en el archivo del DCFS como blanco, no-hispano y angloparlante. Los archivos de la agencia sobre si los asistentes sociales hablan español también tienen defectos.

La clasificación errónea de familias y asistentes sociales lo hace casi imposible que el DCFS determine sistemáticamente si se está cumpliendo con la orden judicial, como mostró el reportaje de ProPublica Illinois.

El DCFS dejó de usar exenciones que permitían a los padres renunciar a sus derechos recogidos en la orden Burgos después de las medidas legales emitidas por las cortes federales a principios de los noventa. Pero ProPublica Illinois encontró que los formularios que determinan la preferencia lingüística siguen siendo problemáticos. Hoy, algunos padres cuyo idioma principal es español terminan renunciando a sus derechos a través del formulario, como en el caso de Matías. Smith dijo que está trabajando para asegurar que los asistentes sociales estén adecuadamente entrenados sobre el objetivo del formulario, pero se negó a decir si la agencia tenía planes para deshacerse de él o implementar protocolos adicionales para evitar su mal uso.

Charles Golbert, el guardián público en funciones del Condado de Cook, dijo que el DCFS demasiado frecuentemente trata la ley de Burgos como una lista de tareas sin comprometerse con el espíritu de la orden judicial. Los problemas, dijo, parecen empeorar en las afueras y en zonas donde hay menos casas de acogida, proveedores de servicios y asistentes sociales hispanohablantes. Las reformas propuestas, dijo, “son todas prerrequisitos, pero no son suficientes.”

Tanya Gassenheimer, una abogada con el Shriver Center on Poverty Law (Centro Shriver de Ley de Pobreza), una entidad sin ánimo de lucro que recientemente empezó a ocuparse de asuntos sobre el bienestar de niños, dijo que tiene planes para trabajar con padres y otras organizaciones para responder a los problemas planteados en el reportaje de ProPublica Illinois.

Cuando las barreras lingüísticas interfieren con la habilidad de los padres para comunicarse con sus hijos, reunirles es difícil “por una razón completamente desconectada a la capacidad de los padres para cuidar de sus hijos,” dijo.

La representante estatal Delia Ramírez, una Demócrata de Chicago, dijo que va a dar prioridad a la orden judicial Burgos durante las próximas reuniones con un grupo de trabajo de aproximadamente una docena de legisladores estatales que quieren lograr ciertas reformas del DCFS.

“No es solo una historia o dos historias,” dijo. “Esto está pasando con demasiada frecuencia en todo el estado.”

El grupo de trabajo legislativo surgió del Comité de Adopción y Bienestar Infantil, presidido por Feigenholtz, y fue establecido este año para atraer atención y recursos a la atribulada agencia. Smith es el decimotercer jefe del DCFS en 10 años. Después de años de recortes de fondos, la agencia recibió un aumento de $80 millones en su presupuesto este año.

Smith dijo que la agencia tiene planes para mejoras adicionales, como aumentar el entrenamiento de su personal y un mayor apoyo al funcionario del DCFS que coordina temas vinculados a la orden Burgos.

“Estamos asegurándonos de que todas nuestras prácticas nos ponen en línea no solo con la orden judicial Burgos, sino con lo que pensamos son las mejores prácticas para tratar con familias hispanohablantes,” dijo.

Oficiales del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Méjico-Americano de Defensa Legal y Educacional), un grupo nacional de derechos civiles que representa a familias en litigios relacionados a la orden Burgos, dijeron que esperan trabajar con el nuevo liderazgo del DCFS para garantizar que la agencia cumpla con el decreto judicial.

La contratación de empleados bilingües ha sido un problema durante mucho tiempo en el DCFS, creando fallos en la comunicación con las familias y poniendo en peligro investigaciones de acusaciones de abuso y negligencia. Los archivos también muestran que la agencia el año pasado informó que tenía solo 156 trabajadores en primera línea, aunque la ley estatal exige 194.

La senadora estatal Julie Morrison, una Demócrata de Deerfield, dijo que se horrorizó al enterarse que algunos asistentes sociales no hablan el idioma de las familias a las que atienden.

“Como puede ser que en 2019 no tenemos suficientes asistentes sociales hispanohablantes?” preguntó. “Si fuera mandarín, diría que es difícil. Pero no hay excusa para esto.”

En una entrevista reciente, la subgobernadora de Illinois Sol Flores tildó la mala clasificación de la familia Matías de “inaceptable” y dijo que sus hijos no tendrían que haber sido puestos en una casa de acogida donde no se hablaba español. Flores, cuyos abuelos puertorriqueños fueron padres de acogida bilingües en Chicago, dijo que esta no es la forma como la administración piensa liderar de ahora en adelante.

Dijo que la agencia va a usar parte del aumento de su presupuesto para contratar a 300 asistentes sociales e investigadores adicionales. Oficiales del DCFS dicen que les gustarían que 100 de estos puestos fueran ocupados por empleados bilingües.

Aunque tanto Smith como Flores reconocieron los fallos de la agencia en la recogida y seguimiento de datos, defendieron la forma en que el DCFS ha cumplido con la orden Burgos, diciendo que la mayoría de familias hispanohablantes fueron atendidos como exige el decreto judicial.

En casos donde esto no pasó, dijeron, la salud física o mental del niño frecuentemente fue la prioridad. Estuvieron de acuerdo con la idea de que la agencia necesita añadir casas de acogida hispanohablantes que están preparadas para responder a esas necesidades especiales.

“Simplemente no queremos estar en una situación en que tenemos que escoger entre el idioma y el nivel más apropiado de cuidado médico y de salud mental,” dijo Smith.

Ramírez, hija de inmigrantes guatemaltecos, dijo que la necesidad de mejorar la forma en que el DCFS atiende a las familias hispanohablantes es más importante que nunca dadas las políticas de inmigración de la administración Trump que han causado las separaciones de las de familias en la frontera, además de sus repetidas amenazas de deportar a inmigrantes indocumentados.

“Mientras Trump continúe amenazando, deportando y deteniendo a miles de personas en todo el país, sé que veremos algún efecto en el estado de Illinois,” dijo. “Quiero verificar que la agencia está preparada para ayudar a los niños cuyos padres fueron detenidos o cuyos padres por una razón u otra no están disponibles.”