Mirza tuvo una mala corazonada poco después de cruzar a los Estados Unidos con sus dos hijos y David, el padre de los chicos. Un agente de la Patrulla Fronteriza ordenó que esta familia hondureña, y el resto del grupo con el que venían, se dividieran en dos filas: “las mujeres en un lado y los varones en otro lado”.

Mirza sostuvo a Lia de 19 meses y se puso en la fila de mujeres. David tomó a su hijo Sebastián, de seis años, y se formó con los hombres. El agente les dijo que no se preocuparan, que todos iban al mismo lugar. Un autobús los llevó en dos viajes a un conjunto de carpas y edificios móviles donde los procesarían.

Llegaron a diferentes horas y estuvieron detenidos por separado en una amplia área de espera. Mirza se puso más ansiosa cuando vio a David y a Sebastián en el otro extremo del lugar. Con un gesto le indicó a Sebastián que le trajera una botella de agua. “Dice mi papi que te cuides mucho”, le dijo.

La familia no volvió a reunirse otra vez. Y, pasados unos cuantos días, quedó entre ellos una frontera internacional.

David y Sebastián fueron enviados a México a esperar antes de poder presentar una petición de asilo ante un tribunal estadounidense. A Mirza se le colocó un brazalete en el tobillo y fue enviada a San José, California junto con Lia.

Ambos, Mirza y David, dijeron que, en entrevistas separadas con agentes fronterizos, ambos habían dicho que habían llegado como una familia de cuatro. Pero eso nunca fue registrado de esa forma en los expedientes de la Patrulla Fronteriza. David fue registrado con estado civil de “soltero”. Mirza y él llevaban juntos doce años, pero no se habían casado formalmente. Mirza fue registrada con estado civil “desconocido”.

La política de la Patrulla Fronteriza es clara: cuando sea posible, los padres, casados o no, deben permanecer junto con sus hijos.

David dijo haberles suplicado a los agentes: “Por favor, averígüenme en el sistema a dónde está mi esposa, porque yo venía con mi esposa y ustedes me separaron de mi esposa”. Los agentes no se conmovieron. “No. Me vas para Juárez,” indicó David que le dijo un agente, “así que aguántate”.

La Patrulla Fronteriza ha sido criticada, por mucho tiempo, por los descuidos al procesar migrantes. Sin embargo, durante la administración de Trump, sus agentes han ampliado sus poderes de manera extensa para decidir los destinos de estas personas.

Durante administraciones previas, las opciones del gobierno en cuanto a los buscadores de asilo era detenerlos en los Estados Unidos o liberarlos; y, la Patrulla Fronteriza no estaba a cargo de esa decisión.

La administración de Trump remplazó ese sistema, burlándose de este con el término de “pesca y liberación”. En septiembre, Kevin McAleenan, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, anunció que se concluía completamente la dinámica de pesca y liberación; Mirza y Lia fueron de las últimas buscadoras de asilo centroamericanas a quienes se les permitió permanecer en EE. UU. sin quedar detenidas por ICE.

A David y Sebastián les tocó la nueva estrategia: los buscadores de asilo se envían a lugares fuera de los Estados Unidos lo más rápido posible. A través de una serie de programas, se les puede enviar a México a esperar; o bien, pueden ser deportados rápidamente a su país de origen o enviados a buscar asilo en Guatemala.

En una demanda presentada el pasado diciembre en contra de los programas de deportación rápida, estos resultados se han denominado como “hoyos negros jurídicos”; instancias en las que los agentes de la Patrulla Fronteriza cuentan con criterios casi totales para decidir qué personas acaban en qué lugar.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza “no son, por lo general, las personas correctas para determinar casos individuales”, dijo Scott Schuchart, exfuncionario de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. Permitir que los agentes determinen qué personas deben ser enviadas a qué países, representa “un gran poder en manos de personas que no tienen capacitación para saber utilizarlo”.

Los resultados pueden variar extremadamente en situaciones similares. Padres y madres que llegaron en días distintos han sido enviados a países diferentes. Una madre mexicana fue deportada rápidamente, junto con sus hijos, mientras que el padre quedó detenido en EE. UU.

El organismo de Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye a la Patrulla Fronteriza, no respondió a peticiones de comentarios para este reportaje. Sin embargo, un vocero de esta sí confirmó ciertos detalles de la detención de David y Mirza. El vocero también confirmó que sus expedientes no contienen anotaciones relacionadas con sospecha de fraude ni inquietudes de otro tipo; sencillamente, David y Mirza nunca fueron anotados como miembros de una misma familia. (ProPublica no publica sus apellidos para proteger a familiares que siguen en Honduras).

De cierta forma, la familia de David y Mirza tuvo más suerte que algunos ya que, eventualmente, se les permitió permanecer en Estados Unidos y pedir asilo. Esa es una oportunidad que quizás nunca lleguen a tener migrantes que entraron más tarde. Sin embargo, el bienestar de la familia se vio amenazado debido a su separación de cuatro meses en ambos lados de la frontera. Además, dicha separación disparó una cadena de consecuencias que ponen en peligro sus posibilidades de lograr su caso de asilo a la larga.

La familia de David llevaba separada seis semanas cuando Taylor Levy, abogada de El Paso, Texas, vio el mensaje de un abogado en California pidiéndole que tratara de ubicar a David y a Sebastián. Fotografías de Sebastián en Honduras muestran a un niño sonriente y gordito. Pero, cuando Levy lo conoció, ella se alarmó por su estado. “Era puro hueso”, recuerda. Y “no hacía contacto con mirada. Se encontraba casi catatónico”.

“He trabajado con miles de familias que buscan asilo y cientos de niños separados”, agregó Levy. “Y él me dejó completamente impresionada por estar tan mal”.

A primera vista, el caso de David y Mirza, desconcertó a Levy. La familia cruzó la frontera juntos y había huido de la misma violencia y las mismas amenazas. Pero, entre más lo pensó, más se aclaró el asunto: su predicamento reflejaba el sistema inexplicable y arbitrario creado por la administración de Trump.

“No se trató solo de un error”, dijo Levy, “sino de una grave negligencia”.

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David tenía la esperanza de crear una vida con Mirza en Honduras.

“Nunca pensé ni anhelé venir a los Estados Unidos, Dios lo sabe”, David comentó a ProPublica. La pareja se conoció de adolescentes cuando David comenzó a hacer trabajos en la granja de con la familia de Mirza. Se cortejaron cuando caminaban a la iglesia, respetando los deseos de la madre de la muchacha, de que no se hicieran novios hasta que ella terminara el colegio.

Comenzaron a vivir juntos en 2011, pero luego David enfrentó amenazas de unos pandilleros. De acuerdo con su declaración de asilo jurada, la cual le confirmó un familiar a ProPublica, un excompañero de clases de Mirza, que era miembro de una pandilla local, le hizo insinuaciones de tipo sexual a David, las cuales él rechazó repetidamente.

El primer ataque del acosador de David le dejó una bala incrustada cerca de la columna. La segunda le dejó la pierna acribillada de perdigón. David dice haber presentado una denuncia ante la policía, pero que no sucedió nada. (En ese entonces Honduras tenía la tasa más alta de homicidios en el mundo y, un 96 % de los asesinatos quedaban irresueltos. La tasa de homicidios ha disminuido, pero sigue siendo una de las altas a nivel mundial).

La pareja se escondió en lo que Mirza estaba embarazada de Sebastián, pero las amenazas por texto seguían entrando en su teléfono. Un mensaje particularmente escalofriante, enviado poco antes de que huyeran de Honduras, prometía matar a toda la familia, “desde la gallina más grande hasta el pollito más pequeño”.

Cuando mataron a la hermana y al tío de David, no muy lejos de donde vivía con Mirza, la pareja buscó refugiarse en una población más pequeña. David trabajó como jardinero. Mirza se embarazó nuevamente y tuvo a Lia. Pero estaban aterrorizados. La abuela de David les informó que una camioneta negra merodeaba por el vecindario, y David vio a un extraño pasar en motocicleta por su casa.

En enero de 2019, decidieron que tenían que salir de Honduras. David llamó a su tía Marlen en San José, California, a quien no había visto en una década, para pedirle que los acogiera. “Viera cómo quisiera irme yo de aquí”, recuerda Marlen que le dijo su sobrino, “porque si yo sigo aquí, tía, en cualquier ratito me van a matar”.

Tomó meses ahorrar cinco mil dólares hondureños para cubrir los costos del viaje.

Pero, al mismo tiempo que la pareja planeaba su escape, también cambiaba el sistema de asilo de EE. UU.

Durante décadas, la función de la Patrulla Fronteriza, para lidiar con familias de migrantes, era pasárselas rápidamente al Servicio de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), el cual se encarga de la detención. Si un migrante declaraba temer regresar a su país de origen, lo entrevistaba un oficial de asilo, quien también decidiría si la persona tenía un caso creíble. Por lo general, las familias que pasaban la entrevista, lo cual hacía la mayoría, quedaban libres dentro de los Estados Unidos para esperar una audiencia.

Sin embargo, la administración de Trump tuvo la determinación de parar los cruces fronterizos. En enero de 2019, utilizó una estipulación legal poco conocida para forzar a migrantes centroamericanos, que buscan asilo, a esperar en México antes de tener audiencias en EE. UU. El programa (el cual ha sido ampliado para incluir a migrantes de otros países latinoamericanos), se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP). En el otoño, la administración inició dos programas adicionales para familias mexicanas y centroamericanas, con el cual se evalúan rápidamente sus peticiones de asilo para poder deportarlas en un período de diez días. Hacia finales del año, la administración comenzó a enviar a ciertos migrantes hondureños y salvadoreños a pedir asilo en Guatemala, sin ofrecerles la oportunidad de presentar una petición en los Estados Unidos en absoluto.

Con cada iniciativa, EE. UU. inició sigilosamente programas piloto en una región, para luego expandirlos. Esta expansión paulatina ha permitido que el gobierno mantenga a estos programas alejados de la vista del público, pero eso no ha hecho que se ejerzan con mayor esmero. Existe cada vez más evidencia del carácter descuidado de su planificación e implementación.

La logística básica seguía sin definirse aún días antes de que la administración de Trump comenzara a enviar a buscadores de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala; temas como en qué lugar vivirían los buscadores de asilo. Incluso ahora que la administración considera ampliar los programas de deportación rápida, la Oficina del Inspector General del DHS inició una investigación para determinar si los migrantes están siendo tratados justamente.

De acuerdo con el MPP, el gobierno mexicano decide cuántos migrantes provenientes de EE. UU. aceptará diariamente, y los funcionarios estadounidenses deciden quién será enviado a México. Las oficinas regionales y portuarias de la Patrulla Fronteriza se encargan de hacer esa selección diaria, dejándola en manos de los agentes.

Las instrucciones han sido mínimas. Un memorándum para empleados de CBP, dictado en enero de 2019, sugirió que los agentes no enviaran a México a menores no acompañados, a personas con condiciones graves de salud, y a personas de otros “grupos de población vulnerables”. No obstante, el oficio enfatizó que eso quedaba a criterio total de los agentes fronterizos. En la práctica, es rutina que envíen a México hasta mujeres embarazadas, incluidas las que están a punto de parir. De acuerdo con promotores de derechos en ambos lados de la frontera, y los migrantes en sí, funcionarios en El Paso a menudo clasifican a migrantes LGBT como “vulnerables” y les permiten quedarse. Los funcionarios de Brownsville, Texas, no lo hacen.

Un informe interno del DHS, publicado en noviembre 2019, reveló que el gobierno ni siquiera había elaborado formularios estándar para el MPP. En su respuesta, el DHS aceptó “reforzar” sus instrucciones vigentes con el fin de aclarar los requisitos para calificar en el programa. Sin embargo, también aceptó que no tenía procedimientos estándar para determinar la selección, y se rehusó a comprometerse a elaborarlos.

Los promotores de derechos alegan que, de acuerdo con las reglas, es ilegal separar a padres biológicos de sus niños. “La ley requiere que exista una razón convincente en cualquier instancia en la que se separa a una familia”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU que dirigió la demanda que detuvo la separación extensa de familias en junio de 2018. Sin embargo, los dictámenes únicamente abordan el tema de apartar totalmente a los menores de sus padres, no las separaciones como la de David y Mirza, con la cual separan a una familia, pero dejan a los niños con por lo menos uno de los padres.

La guía de procesamiento emitida por el gobierno, dirige a los agentes a “no separar a unidades familiares con menores”; o sea, padres e hijos. Sin embargo, varios empleados actuales de CBP comentaron a ProPublica que es común que los agentes no tomen en cuenta las pautas, y que separen a hombres y mujeres al transportarlos, y en las instalaciones de detención.

De acuerdo con fuentes de información de la Patrulla Fronteriza, es probable que el error en el caso de David y Mirza ocurriera cuando los agentes de la misma no anotaron el estado civil de la familia en los formularios de ingreso. Los agentes deberían haber reflexionado acerca de lo narrado por David y Mirza en sus formularios, además de verificar las actas de nacimiento de sus hijos para comprobar su parentesco.

Lo narrado por David hizo ecos con las quejas escuchadas por Levy cuando trabajó en Annunciation House, el albergue de migrantes más grande de El Paso. La abogada comentó que ha hablado con “miles de personas que acababan de salir de la custodia de la Patrulla Fronteriza, y que escuchaba lo mismo una y otra vez; que los (agentes) no les hacían caso”.

Shouan Zhoobin Riahi, abogado pro bono de Mirza, y miembro de la organización sin fines de lucro SIREN en la zona metropolitana de San Francisco, dijo que es tan común que sus clientes le digan que han sido amenazados o acusados de mentir, que él ya ni siquiera trata de presentar quejas judiciales. Ni David ni Mirza presentaron una queja oficial con la Patrulla Fronteriza.

La detención de familias centroamericanas estuvo a pico el verano pasado cuando David y Mirza llegaron a los Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza aprehendió a 21,678 padres y menores esa semana. La agencia enfrentó una crisis de cupo. Varios funcionarios y abogados de migración mencionaron que fue común descuidarse con el papeleo; sin embargo, la documentación importó más que nunca. Dentro del sistema anterior, la Patrulla Fronteriza enviaba a los buscadores de asilo a ICE, lo cual les daba una “segunda oportunidad” para captar errores, dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador con el Consejo Americano de Inmigración. Las entrevistas de asilo iniciales ofrecían una tercera oportunidad: los oficiales de asilo tenían el poder de volver a unir a familias que hubieran sido separadas por descuido.

Con la nueva estrategia de dispersión, la cual siguió expandiéndose, aunque disminuyeran las entradas, los migrantes únicamente entran en contacto con una sola agencia gubernamental: la Patrulla Fronteriza.

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El día después de que David y Sebastián fueran enviados a Juárez, a Mirza y Lia las pusieron en un autobús que salió de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y las dejó en un albergue en El Paso. Un voluntario le pidió a Mirza un contacto en Estados Unidos y ella nombró a Marlen, la tía de David a quien nunca había conocido.

El voluntario obtuvo un boleto de autobús y Mirza abordó el transporte interurbano junto con Lia, sin siquiera entender los anuncios en este que se decían en inglés. Cuando llegaron a San José, se preocupó de bajarse en la parada equivocada. Marlen iba tarde por haberse parado en una tienda a comprar un asiento de coche para Lia. Cuando llegó, Mirza estaba sentada en una banca en llanto.

Se le había dicho que llamara a una línea de información del gobierno para enterarse del seguimiento de su caso de asilo, pero al llamar no le dieron información. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Acudió a las oficinas de SIREN, donde se ofrecen servicios legales, y le contó toda su historia al abogado pro bono, Riahi.

Riahi presintió que Mirza podría ganar el asilo. El juzgado federal que fijó el precedente para jueces de inmigración y oficiales de asilo, definió ampliamente la elegibilidad de esa calidad migratoria; y, el caso de Mirza que se podría considerar, concordaba con tal precedente establecido. Al mismo tiempo, el caso de David le fue asignado a un juez en Texas que rechazaba casi todas las peticiones de asilo.

Era probable que a David lo deportaran a menos de que Riahi pudiera incluirlo en la petición de Mirza.

El reto se complicó aún más debido a otro error de parte del gobierno. Ningún oficial había presentado el caso de Mirza ante un juzgado de inmigración, lo cual permitió que ella solicitara el asilo en forma proactiva con un oficial de asilo, de la misma manera en que lo hacen migrantes que entran a Estados Unidos con visa. De esa forma tendría mayores probabilidades que ante un juez de inmigración. Eso también significaba que Riahi no podía solo pedirle a un juez que combinara el caso de David con el de Mirza, debido a que se encontraban en dos encauzamientos jurídicos.

Lo más que se podía esperar era que David pudiera ser incluido como dependiente en la solicitud de Mirza. Tendrían que casarse oficialmente primero. Riahi comenzó entonces a organizar una boda entre fronteras.

En virtud de su gran cantidad de clientes pro bono, no tenía tiempo de ir a Juárez, por lo que le envió un mensaje a Levy por Facebook. Aunque había visto lo que publicaba acerca de los problemas con el programa MPP, no conocía a la abogada texana veterana.

Levy titubeó en aceptar otra solicitud de un abogado lejano. Riahi “estaba bastante preocupado y realmente le importaba el caso”, le comentó a ProPublica. “Para ser honesta, la situación es extenuante ya que todos estamos preocupados y a todos nos importa”. Decidió por lo menos reunirse con David y Sebastián en Juárez.

El mundo de ellos se había vuelto realmente claustrofóbico. Salir del albergue podría implicar enfrentarse a un robo o un secuestro. Casi no habían salido a ninguna parte, excepto para su primera audiencia en el juzgado de El Paso, para la cual atravesaron Juárez de noche con el fin de llegar al puente internacional a las 4:30 de la mañana.

Sebastián había contraído una infección de la garganta justo antes de su primera audiencia ante el juzgado, y esta empeoró cuando pasó una segunda noche con su padre en la hielera de CBP (se les dice “hieleras” a las celdas del reclusorio por lo frías que las mantienen) antes de regresar a Juárez. Siguió adelgazando aún después de recuperarse, por lo que David sospechó que el niño se encontraba sumamente deprimido. Rechazó alimentos sólidos casi durante tres semanas. “Nada más, jugo, jugo, jugo”, dijo David.

Tampoco ayudó que hablara con Mirza con el teléfono clandestino que David compró desobedeciendo las reglas del albergue. Sebastián se quejó con ella: ambos, David y Mirza, recuerdan que le dijo, “Mami, tú eres mala, tú nos dejaste botados aquí en México”. A veces se sentía tan enojado que ni siquiera hablaba con ella.

David sintió tener suerte cuando Levy tomó su caso. De acuerdo con un análisis, un 96 % de los migrantes que esperan en México para su caso en EE. UU., no tienen representación legal. No obstante, Levy le advirtió que si permanecía en la lista de casos de su juez, era casi seguro que lo deportaran.

La única manera clara de ser sacado del programa MPP, era persuadir a un oficial de asilo de que David sería perseguido en México; objetivo muy alto que ya había tratado de lograr sin tener éxito. Levy se dio cuenta de que esta familia no podía depender del proceso de juntarlos. David y Mirza, además de Levy y Riahi, tendrían que pelear.

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Originalmente, Riahi había planeado llevar a Mirza al lado estadounidense de la frontera con Nuevo México, llevar a David al lado mexicano, y hacer que se pararan en sus respectivos países mientras que un pastor les ofrecía los votos. Sin embargo, no podrían obtener un acta de matrimonio de ese estado, a menos de que ambos esposos se presentaran en la oficina del condado, algo imposible para David.

En vez de eso, Riahi y Levy planearon una cierta aventura: convertirían la próxima audiencia de David en El Paso, el 21 de agosto, en una boda secreta.

Mirza tomó un vuelo a El Paso, llevando un vestido de novia con encaje y falta de capas, que compró en la tienda Ross, además del monitor de tobillo que resultó un accesorio evidente.

Levy tomó una sola foto de la novia, ya que no se permiten las cámaras en los juzgados de inmigración, y no querían tentar a la suerte. Luego entraron al mismo con Mirza y un juez municipal de Texas quien firmaría el acta de matrimonio.

Sebastián gritó “Mami, Mami”, cuando vio a su madre, quedándose dormido sobre su regazo mientras el juez de inmigración llevaba a cabo una breve audiencia de programación de calendario.

Posteriormente, Levy solicitó cinco minutos para hablar con su clienta en una sala aparte, donde el juez municipal llevó a cabo la ceremonia apresuradamente. David luego le dijo a Sebastián, “Su mami ya se va”. “No, yo me voy con ella”, lloró él.

El pequeño quedó inconsolable los dos días posteriores, cuando tuvieron otra petición sin éxito con un oficial de asilo para que los sacaran de México, estuvieron en otra hielera, y regresaron a Juárez.

Habiendo formalizado el matrimonio, Mirza podía presentar su solicitud de asilo e incluir a David como su esposo.

Sin embargo, en las pocas semanas que se tardaron en hacer ese trámite, la administración de Trump impuso otra desviación adicional. El Procurador General de Justicia, William Barr, dictó una regla para contradecir el precedente del juez federal sobre el cual Riahi pretendía basar el caso de Mirza.

Hasta que un juez federal dicte una decisión en relación con el edicto de Barr, los oficiales de asilo ahora tienen dos precedentes que compiten, y Riahi esperaba totalmente que concederían ante la nueva decisión de Barr. El caso de asilo pasó de ser algo que se podría ganar fácilmente, a un posible pleito legal prolongado.

Entretanto, David y Sebastián seguían atorados en Juárez. David y Sebastián debían encontrar otro lugar donde alojarse, para cumplir con las reglas del albergue, y por haber tenido dos audiencias con el juzgado. David encontró un apartamento sin mucho espacio que compartiría con su hijo y otros cuatro padres e hijos hondureños. No podía trabajar en forma regular por no abandonar a Sebastián. Para pagar el alquiler, dependían de ingresos que obtenía Mirza haciendo limpieza de casas o por préstamos de familiares.

Cuando el dinero comenzó a terminarse, David y Sebastián se apretaron en un departamento aún más pequeño: una sola estancia repleta con otras diez personas, unas cuantas literas y un refrigerador. (Cuando cuatro de estas salieron de Juárez para cruzarse con contrabandistas a los Estados Unidos, David y Sebastián obtuvieron algo más de espacio, pero su parte de la renta aumentó a un equivalente de US$100 dólares al mes). El departamento solo contaba con seis platos y seis cucharas, así que todos se turnaban para las comidas. Jugar “afuera”, significaba jugar con una pelota en un pasillo lleno de escombros y vidrio roto.

Sebastián comenzó a subir de peso y a recobrar su energía, pero seguía portándose tímido con otros niños. Cuando se le hablaba, permanecía callado o comenzaba a llorar. A mediados de septiembre, Levy llegó con un consejero para que lo evaluara.

“Aunque pudo animar su afecto a veces, particularmente cuando recordó a su madre y su hermana menor, (Sebastián) todavía siente incertidumbre cuando se le pregunta acerca de su mamá”, indicó la evaluación. “Reveló: ‘mi mamá me dejó y no sé por qué’”.

Mirza también se encontraba trastornada. Bromeaba que mientras que Sebastián adelgazaba en México, ella aumentaba de peso en Estados Unidos. Lloraba a menudo y dormía poco. Marlen la llevó a un psiquiatra, quien la diagnosticó con depresión.

En El Paso, Levy preparó una petición judicial para mover el caso de David a San Francisco, lo cual forzaría al gobierno a permitir que permaneciera en EE. UU. La abogada juntó las actas de nacimiento hondureñas, el acta de matrimonio, la evaluación psicológica de Sebastián y una copia de la receta de los antidepresivos de Mirza.

La noche antes de la audiencia sobre la petición, Levy apeló directamente con los abogados de la Patrulla Fronteriza. “Hasta donde sabemos, la unidad familiar cruzó la frontera juntos y la Patrulla Fronteriza los separó por error”, escribió en un correo electrónico. “Solicitamos atentamente que se actúe en forma expedita para remediar esta separación errónea”.

Dos días más tarde, y después de otro retraso en el juzgado, Levy recibió un mensaje inesperado de la Patrulla Fronteriza. “El padre y el hijo se encuentran en la Estación 1 de El Paso y se les está retirando del MPP en estos momentos”. Se les salvó de regresar a México, pero no se dio ninguna otra explicación.

“No sé si fue por algo que necesariamente hayamos hecho”, comentó Riahi a ProPublica. “Taylor casi movió montañas allá en El Paso, pero, al final de cuentas, CBP tomó la decisión”.

David y Sebastián no entraban en ninguna de las categorías delineadas en la política difusa de CBP, relacionada con quién debía regresar a México y quién no. El criterio simplemente funcionó a su favor esta vez.

Sin embargo, para familias atrapadas en los programas nuevos, los cuales no incluyen comparecer ante un juez de inmigración, son permanentes la determinación inicial de la Patrulla Fronteriza, y cualquier error que provenga de esta. Eso por lo menos hasta donde se puede comprender en estos momentos. “Si un padre hondureño queda separado de su hijo por error, y es enviado a Guatemala”, preguntó Levy, “¿cómo se supone que una persona podrá tener acceso a ese padre?

El 7 de octubre, David y Sebastián fueron dejados en libertad en El Paso después de esperar cinco días en la hielera. Se hospedaron en el albergue de Annunciation House durante una semana para esperar su siguiente audiencia en el tribunal de esa ciudad.

Pero cuando Levy, David y Sebastián llegaron al juzgado, se encontraron con otra confusión adicional. El gobierno ya había enviado el caso a San Francisco, sin haberse molestado en notificar a Levy o al juez.

Al día siguiente por la mañana, David y Sebastián por fin abordaron el avión, su primera vez, para finalmente reunirse con Mirza y Lia.

Cuando se cambió el caso de David a San Francisco, esencialmente también se congeló la línea de tiempo del asilo, haciéndole imposible obtener un permiso de trabajo. Su primera audiencia con el juez de San Francisco está programada para principios de marzo.

La familia tuvo que mudarse de la casa de Marlen. El garaje que había amueblado como recámara no era lo suficientemente grande para contener la energía desbordante de Lia; y, su esposo e hija adolescente, perdieron la paciencia con los huéspedes. Mirza ahora se preocupa acerca de cuánto tiempo podrán contar con lo suficiente para tener su propio apartamento.

Algunas cosas han mejorado. Conforme pasan los meses, Sebastián se siente cada vez más cómodo en el primer grado. Ha hecho amigos que lo ayudan con la tarea. Lia se vuelve más inquieta.

Pero aún queda lejos de aclararse si la familia podrá permanecer en los Estados Unidos. Sus casos siguen en dos procesos diferentes.

La solicitud de asilo de Mirza sigue en el limbo. Una entrevista de diciembre fue vuelta a programar, y luego se pospuso indefinidamente. El dictamen del procurador general hace más probable que su petición sea negada. Sus abogados están preparados para apelar ambos casos si es que los pierden; pero las apelaciones se tardan años.

Mirza está convencida de que los matarían si regresan a Honduras, aunque tienen la intención de irse si se les ordena. Mirza le comentó a ProPublica, “tenemos que acatar las leyes”.

Y, aunque el futuro sea incierto, la familia sigue junta. Eso fue lo que celebraron esa tarde en octubre cuando David y Sebastián llegaron a la casa de Marlen del aeropuerto. David tuvo en la mano sus órdenes de liberación y Sebastián llevaba un sabre de luz de juguete que tuvo que escabullir sin ser visto por las autoridades de la TSA.

Cuando el niño se acercó a la puerta de Marlen, Mirza se encontraba en la entrada. Hizo una breve pausa y corrió hacia ella. Lia también se echó en los brazos de David.

Posaron para fotos en familia y, más de una vez, tuvieron que buscar a Sebastián, quien divagó solo por allí, aunque, una vez depositado seguramente sobre el regazo de Mirza, no se desprendió de ella.