Josseli Barnica se afligió por la noticia en la cama de un hospital de Houston el 3 de septiembre de 2021: el hermanito que había soñado darle a su hija no sobreviviría a este embarazo.
El feto estaba a punto de salir, con la cabeza presionando contra el cuello del útero dilatado; tenía 17 semanas de embarazo y el aborto espontáneo estaba “en curso”, según indicaron los médicos en los informes del hospital. En ese momento, deberían haberle ofrecido acelerar el parto o vaciarle el útero para evitar una infección mortal, más de una docena de expertos médicos le dijeron a ProPublica.
Pero cuando el esposo de Barnica llegó apresurado de su trabajo en una construcción, ella le contó lo que le había dicho el equipo médico: “Tocaba esperar que ya el bebé no palpitara”, le dijo a ProPublica en español. “Sería un delito darle un aborto”.
Durante 40 horas, la angustiada madre de 28 años rezó para que los médicos le ayudaran a volver a casa con su hija; entretanto, su útero permaneció expuesto a las bacterias.
Tres días después del parto, Barnica murió de una infección.
Barnica es una de por lo menos dos mujeres de Texas que ProPublica constató que perdieron la vida después de que los médicos demoraran la atención por abortos espontáneos, los cuales se encuentran en una zona gris en virtud de las estrictas leyes de aborto del estado que prohíben a los médicos poner fin al latido fetal.
Ninguna de ellas quería un aborto provocado, pero eso no importó. Aunque sus defensores insisten en que las leyes protegen tanto la vida del feto como la de la persona que lo lleva en su vientre, en la práctica los médicos han titubeado a la hora de atender a sus pacientes bajo la amenaza de ser enjuiciados, encarcelados o arruinados profesionalmente.
ProPublica está relatando las historias de estas mujeres esta semana, empezando con Barnica. Su muerte era “evitable”, según más de una docena de expertos médicos que evaluaron un resumen de su expediente del hospital y de la autopsia a petición de ProPublica; calificaron su caso de “horroroso”, “asombroso” y “atroz”.
Los médicos que fueron parte de la atención médica de Barnica en el HCA Houston Healthcare Northwest no respondieron a varias solicitudes de comentarios sobre su caso. En una declaración, un representante de HCA Healthcare indicó que “nuestra responsabilidad es cumplir las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables” y agregó que los médicos ejercen su juicio independiente. La empresa no respondió a una lista detallada de preguntas acerca de la atención médica de Barnica.
Al igual que muchos estados, Texas cuenta con un comité de expertos en salud materna que evalúa dichas muertes para recomendar maneras de prevenirlas, pero los informes del comité sobre casos individuales no son públicos y sus miembros indican que no han terminado de evaluar los casos de 2021, el año en que murió Barnica.
ProPublica está cubriendo las lagunas de conocimiento sobre las consecuencias de las prohibiciones del aborto. Los reporteros examinaron los datos sobre muertes, y resaltaron el caso de Barnica por su preocupante causa de muerte: “síndrome séptico” relacionado con “productos de la concepción”. Localizamos a su familia, obtuvimos los reportes de la autopsia y del hospital y pedimos a varios expertos que revisaran un resumen de la atención médica que recibió y que ProPublica creó en consulta con dos médicos.
Entre esos expertos había más de una docena de ginecólogos-obstetras y especialistas en medicina materno-fetal de todo el país, incluidos investigadores de prestigiosas instituciones, médicos que tratan habitualmente abortos espontáneos y expertos que han formado parte de comités estatales de revisión de la mortalidad materna o han ocupado cargos en organizaciones médicas profesionales nacionales.
Tras revisar el resumen de cuatro páginas, que incluía la cronología de la atención anotada en los registros del hospital, todos coincidieron en que exigir que Barnica esperara a tener el parto hasta que no hubiera latido fetal detectable infringía las normas médicas profesionales porque podía dar tiempo a que se afianzara una infección agresiva. Dijeron que había muchas posibilidades de que hubiera sobrevivido si se le hubiera ofrecido antes una intervención.
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“Si esto fuera Massachusetts u Ohio, habría tenido ese parto en un plazo de un par de horas”, dijo la Dra. Susan Mann, experta nacional en seguridad del paciente en atención obstétrica que enseña en la Harvard University.
Muchos observaron una sorprendente similitud con el caso de Savita Halappavanar, una mujer de 31 años que murió de choque séptico en 2012 después de que sus proveedores en Irlanda se negaran a vaciarle el útero mientras abortaba a las 17 semanas. Cuando rogó por atención médica, una partera le dijo: “Este es un país católico”. La investigación resultante y la protesta pública impulsaron al país a cambiar su estricta prohibición del aborto.
Pero tras las muertes relacionadas con el acceso al aborto en Estados Unidos, los líderes partidarios de restringir este derecho no han pedido ninguna reforma.
El mes pasado, ProPublica relató las historias de dos mujeres de Georgia, Amber Thurman y Candi Miller, cuyas muertes fueron consideradas “evitables” por el comité estatal de evaluación de la mortalidad materna después de que ellas no pudieron obtener acceso a abortos legales y atención médica a tiempo debido a la prohibición del aborto.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, calificó el reporte de “alarmista”. El expresidente Donald Trump no ha opinado, excepto bromear acerca de que su reunión general con Fox News sobre asuntos de las mujeres tendría “mejores índices de audiencia” que una convocatoria de prensa en la que la familia de Thurman habló sobre su dolor.
Los líderes de Texas, el cual tiene la prohibición del aborto más antigua del país, han sido testigos de las consecuencias de tales restricciones durante más tiempo que los de cualquier otro estado.
En demandas, peticiones judiciales y noticias de la prensa, docenas de mujeres han afirmado que se enfrentaron a peligros cuando se les negó el aborto a partir del año 2021. Una padeció del síndrome séptico como Barnica, pero sobrevivió después de tres días en cuidados intensivos. Ella perdió parte de una de las trompas de Falopio. Los legisladores han hecho pequeñas concesiones para aclarar dos excepciones por emergencias médicas, pero incluso en esos casos, los médicos se enfrentan a condenas de hasta 99 años en prisión y multas de $100,000 dólares; pueden alegar ante los tribunales que sus acciones no fueron delitos, de forma parecida a como los acusados pueden alegar defensa propia tras ser acusados de homicidio.
En medio de la avalancha de pruebas del daño, incluida la investigación que indica que la legislatura de Texas ha incrementado las muertes infantiles y maternas, algunos de los partidarios más destacados de la prohibición han silenciado su entusiasmo público por ella. El senador estadounidense Ted Cruz, que en su día defendió la caída de Roe vs. Wade y dijo que “El embarazo no es una enfermedad mortal”, evita ahora el tema en medio de una batalla por conservar su puesto en el senado. Y el gobernador Greg Abbott, que dijo a principios del año que “prometimos que protegeríamos la vida de todo niño con latido, y lo hicimos”, no ha hecho desde entonces tal declaración.
Ambos declinaron hacer comentarios a ProPublica, al igual que el fiscal general del estado, Ken Paxton, cuyo compromiso con la prohibición se mantiene firme mientras lucha por el acceso a los historiales médicos fuera del estado de las mujeres que viajan para abortar. A principios de este mes, mientras el país se enfrentaba a las primeras muertes evitables relacionadas con el acceso al aborto, Paxton celebró una decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que permitió que Texas ignorara las pautas federales que exigen que los médicos practiquen abortos necesarios para estabilizar a pacientes en casos de emergencia.
“Esta es una gran victoria”, dijo Paxton.
“Tocaba esperar que ya el bebé no palpitara”
Para Barnica, una inmigrante de Honduras, el sueño americano parecía estar a su alcance en su rincón de Houston, un vecindario lleno de restaurantes que venden pupusas salvadoreñas y panaderías especializadas en conchas mexicanas. Encontró trabajo instalando paneles de yeso, ahorró dinero para mantener a su madre en su país natal y conoció a su esposo en 2019 durante un partido de fútbol comunitario.
Un año después, le dieron la bienvenida a una niña de ojos grandes a la que le celebraban todos sus logros. “Que Dios bendiga a mi familia”, escribió Barnica en las redes sociales, junto a una foto del trío vestido a cuadros rojos y negros. “Nuestra primera navidad con nuestra princesa. Los amo”.
Barnica anhelaba una familia numerosa y se emocionó cuando volvió a concebir en 2021.
Los problemas llegaron en el segundo trimestre.
El 2 de septiembre de 2021, a las 17 semanas y cuatro días de estar embarazada, fue al hospital con calambres abdominales, según indica su expediente. Al día siguiente, cuando el sangrado empeoró, ella regresó. A las dos horas de su llegada, el 3 de septiembre, una ecografía confirmó “membranas abultadas en la vagina con la cabeza del feto en el cuello del útero abierto”, con una dilatación de 8.9 cm, y que tenía poco líquido amniótico. El aborto espontáneo estaba "en curso", escribió el radiólogo.
Cuando llegó el esposo de Barnica, ella le dijo que los médicos no podían intervenir hasta que no hubiera latido.
Al día siguiente, la Dra. Shirley Lima, una obstetra de turno, diagnosticó un aborto espontáneo “inevitable”.
En el expediente de Barnica, indicó que el latido fetal fue detectado y escribió que le estaba dando a Barnica analgésicos y “apoyo emocional”.
En un estado sin prohibición del aborto, se le podrían haber ofrecido inmediatamente a Barnica las opciones que las principales organizaciones médicas, incluidas las internacionales, consideran la norma de atención basada en la evidencia: acelerar el parto con medicamento o un procedimiento de dilatación y vaciamiento del útero.
“Sabemos que cuanto antes se intervenga en estas situaciones, mejores serán los resultados”, dijo el Dr. Steven Porter, un ginecólogo-obstetra de Cleveland.
Pero la nueva prohibición del aborto en Texas recién había entrado en vigor. Exigía a los médicos que confirmaran la ausencia de latido fetal antes de intervenir, a menos que hubiera una “emergencia médica” que la ley no definía. Exigía a los médicos que anotaran por escrito el estado de la paciente y la razón por la que era necesario el aborto.
La ley no tenía en cuenta la posibilidad de una emergencia futura, que podría desarrollarse en horas o días sin intervención, dijeron los médicos a ProPublica.
Barnica todavía se encontraba técnicamente estable. Pero permanecer en el hospital con el cuello del útero más abierto que una pelota de béisbol le dejó el útero expuesto a las bacterias y la puso en alto riesgo de desarrollar síndrome séptico, dijeron los expertos a ProPublica. Las infecciones se mueven rápidamente y puede ser difícil controlarlas una vez que esto sucede.
La situación resultaba demasiado conocida para la Dra. Leilah Zahedi-Spung, especialista en medicina materno-fetal que trabajaba en Tennessee y que evalúo un resumen del expediente de Barnica a petición de ProPublica.
Las prohibiciones del aborto ponen a los médicos en una situación imposible, dijo, obligándoles a decidir si arriesgarse a una negligencia médica profesional o a ser acusados de un delito grave. Después de que su estado promulgara una de las prohibiciones más estrictas del país, también esperó para ofrecer intervenciones en casos como Barnica hasta que se detuviera el latido o los pacientes mostraran señales de infección, rezando cada vez para que nada saliera mal. Esa es la razón por la que al final se mudó a Colorado.
Los médicos que atendieron a Barnica “no hicieron en absoluto lo correcto”, dijo. Pero entendía por qué se habrían sentido “sin salida”, especialmente si trabajaban en un hospital que no había prometido defenderlos.
Incluso tres años después de la muerte de Barnica, HCA Healthcare, la cadena de hospitales que le dio tratamiento se niega a revelar si tiene una política sobre cómo tratar los abortos espontáneos.
Algunos accionistas de HCA han pedido a la empresa que elabore un informe sobre los riesgos para la compañía relacionados con las prohibiciones en los estados que restringen el aborto, para que las pacientes comprendan qué servicios pueden esperar y los médicos sepan en qué circunstancias estarían protegidos. Pero la junta directiva se opuso a la propuesta, en parte porque crearía un “gasto y carga innecesarios con beneficios limitados para nuestros accionistas”. La propuesta recibió el apoyo del 8% de los accionistas que votaron.
La decisión de la empresa de abstenerse tiene repercusiones mucho más allá de Texas; la mayor cadena de hospitales con fines de lucro del país ha dicho que atiende más partos que cualquier otro proveedor de atención médica en los Estados Unidos, y el 70% están en hospitales en estados donde el aborto está restringido.
A medida que pasaban las horas en el hospital de Houston, Barnica no encontraba alivio. Mientras hablaba por teléfono con su tía Rosa Elda Calix Barnica, se quejó de que los médicos seguían haciéndole ecografías para comprobar el latido fetal, pero no le ayudaban a poner fin al aborto.
A eso de las 4 a. m. del 5 de septiembre, 40 horas después de que Barnica llegó, los médicos ya no pudieron detectar actividad cardíaca. Poco después, Lima asistió con el parto del feto de Barnica después de darle medicamento para ayudar a acelerar el parto.
El Dr. Joel Ross, el ginecólogo-obstetra que supervisó su atención médica, la dio de alta unas ocho horas más tarde.
El sangrado continuó, pero cuando Barnica llamó al hospital le dijeron que era de esperarse. Su tía se alarmó todavía más a los dos días cuando el sangrado empeoró.
Regresa, le dijo a su sobrina.
En la noche del 7 de septiembre, el esposo de Barnica la llevó al hospital tan pronto como regresó a la casa del trabajo. Pero los protocolos de COVID-19 significaban que solo un visitante podía estar en la habitación con ella, y no tenían niñera para su hija de un año.
Así que él se fue para dormir un poco.
“Esperaba totalmente que regresara a casa”, dijo.
Pero ella nunca regresó. Su familia planeó dos funerales, uno en Houston y otro en Honduras.
Nueve días después de su muerte, el esposo de Barnica estaba procesando su conmoción, aprendiendo a ser padre soltero y luchando por recaudar fondos para enterrar a su esposa y al hijo que había esperado criar.
Mientras tanto, Lima sacaba el expediente médico de Barnica para agregarle algo más.
Las notas que añadió dejaban muy claro un punto: "Cuando me llamaron para el parto", escribió, "el feto ya no tenía tonos cardíacos detectables".
“Deben expresar su desacuerdo con sus acciones”
Texas ha estado a la vanguardia de la lucha contra el acceso al aborto.
En el momento del aborto espontáneo de Barnica en 2021, el Tribunal Supremo aún no había anulado el derecho constitucional a interrumpir el embarazo. Pero los legisladores de Texas, decididos a ser los primeros en promulgar una prohibición contundente, ya habían aprobado una severa ley civil utilizando una novedosa estrategia jurídica que eludía el caso Roe vs. Wade: prohibía a los médicos practicar un aborto después de las seis semanas, incentivando a los ciudadanos a demandar a los médicos por sentencias de $10,000 dólares. La recompensa también se aplicaba a quienes "ayudaran e instigaran" a abortar.
Un año más tarde, después de que se dictara la sentencia de Dobbs vs. Jackson, entró en vigor una ley penal aún más estricta, que amenaza a los médicos con hasta 99 años de cárcel y $100,000 de multa.
Poco después de la sentencia, el gobierno de Biden emitió unas directrices federales en las que les recordaba a los médicos de los servicios de emergencia de los hospitales que tienen la obligación de tratar a las pacientes embarazadas que necesiten ser estabilizadas, incluso practicándoles abortos en caso de aborto espontáneo.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, luchó contra eso, argumentando que seguir la directiva obligaría a los médicos a “cometer delitos” bajo la ley estatal y convertiría a cada hospital en una “clínica de abortos sin cita previa”. Cuando una mujer de Dallas le pidió a un tribunal que aprobara la terminación de su embarazo porque su feto no era viable y corría riesgos para su salud si lo llevaba a término, Paxton luchó porque siguiera embarazada. Alegó que su médico no había demostrado que se tratara de una emergencia y amenazó con procesar a cualquiera que le ayudara. “Nada puede devolver al feto la vida que perderá por ello”, le escribió al tribunal.
Ningún médico de Texas, ni de los otros 20 estados que penalizan el aborto, ha sido procesado por infringir una prohibición estatal. Pero la posibilidad se cierne sobre cada una de sus decisiones, docenas de médicos en esos estados le dijeron a ProPublica, obligándolos a tener en cuenta sus propios riesgos legales al gestionar las emergencias médicas de sus pacientes. La falta de claridad ha dado lugar a que a muchas pacientes se les niegue la atención médica.
En 2023, los legisladores de Texas hicieron una pequeña concesión ante las protestas por la incertidumbre que la prohibición creaba en los hospitales. Crearon una nueva excepción para los embarazos ectópicos, una condición potencialmente mortal en la que el embrión se adhiere fuera de la cavidad uterina, y para los casos en que las membranas de la paciente se rompen prematuramente antes de la viabilidad, lo que introduce un alto riesgo de infección. Los médicos pueden seguir siendo acusados, pero se les permite argumentar ante un juez o un jurado que sus acciones estaban protegidas, de forma parecida a los argumentos de legítima defensa tras un homicidio. La situación de Barnica no habría entrado claramente en esta excepción.
Este año, después de que el Tribunal Supremo estatal se lo ordenara, la Junta Médica de Texas publicó nuevas directrices en las que se indica a los médicos que no es necesario que una emergencia sea “inminente” para poder intervenir y se les aconseja que aporten documentación adicional sobre los riesgos.
Pero en una reciente entrevista, el presidente de la junta, el Dr. Sherif Zaafran, reconoció que estos esfuerzos solo llegan hasta cierto punto y que el grupo no tiene poder sobre el derecho penal: “No podemos hacer nada para impedir que un fiscal presente cargos contra los médicos”.
A la pregunta de qué les diría a las pacientes de Texas que están teniendo un aborto espontáneo y no pueden recibir tratamiento, respondió que deberían buscar una segunda opinión: “Deben expresar su desacuerdo con sus acciones y buscar guía de alguien más”.
El esposo de Barnica, un inmigrante de El Salvador que trabaja turnos de 12 horas no le pone atención a la política estadounidense ni a las noticias. Cuando nos pusimos en contacto con él, no tenía ni idea del polémico debate nacional sobre cómo está afectando la prohibición del aborto a la atención médica materna.
Ahora está criando a una hija de 4 años con la ayuda del hermano menor de Barnica; todos los fines de semana, la llevan a que visite a su abuela, quien sabe hacerle trenzas en el cabello.
Por toda la casa, él tiene fotos de Barnica para que la niña crezca sabiendo cuánto la quería su mamá. Ve destellos de su esposa cuando su hija baila, ella irradia el mismo encanto.
A él no le salen muchas palabras cuando la niña pregunta por Barnica; su pierna inquieta, sus ojos fijos en el suelo. La familia de Barnica lo considera un padre ejemplar.
Él dice que está haciendo su mejor esfuerzo.
Mariam Elba y Doris Burke contribuyeron a la investigación. Lizzie Presser contribuyó a este reportaje.
Traducción por Deya Jorda.
