El pasado martes, el inspector general del Departamento de Justicia anunció que su oficina investigaría un programa de la Administración para el Control de las Drogas vinculado con ataques de carteles de narcotraficantes en México que dejaron docenas, o hasta cientos, de personas muertas o desaparecidas.
En un oficio dirigido a congresistas demócratas, el Inspector General Michael E. Horowitz dijo que una revisión interna resaltó al programa de Unidades Investigadoras de Información Confidencial (SIU, Sensitive Investigative Units) de la DEA, como “área de alto riesgo". También mencionó que su oficina evaluaría la administración del programa por parte de esa Agencia y si existen controles internos para garantizar que las “operaciones, la información y el personal de la DEA estén protegidos contra algún compromiso".
Bajo el programa, la DEA autoriza y adiestra equipos de policías federales mexicanos, conocidos como SIU encargados de llevar a cabo operaciones dirigidas por la DEA en México. El año pasado, ProPublica y National Geographic informaron que por lo menos dos de esas operaciones habían quedado comprometidas, además de activar espasmos terribles de violencia que incluyeron un incidente a menos de una hora de la frontera entre México y Texas. Un reportaje de junio de 2017 reveló que, en 2011, se disparó un ataque en la ranchería pequeña de Allende, Coahuila, después de que información confidencial obtenida durante una operación de la DEA acabara en manos de los jefes de ciertos carteles. Estos, a su vez, ordenaron posteriormente una oleada de represalias en contra de los traidores sospechados.
Un segundo reportaje en diciembre investigó el ataque de un cartel en el Holiday Inn de Monterrey, México, descubriendo también que se vinculaba con una operación de vigilancia de la DEA. En ese suceso fueron secuestrados cuatro huéspedes y un empleado del hotel sin que tuvieran nada que ver con el narcotráfico. Estas personas no han vuelto a aparecer.
En ambos operativos se vio involucrada la SIU de la DEA en México. Los reportajes de ProPublica detallaron que la SIU mexicana tenía antecedentes documentados a lo largo de un año indicando que esta revelaba información a narcotraficantes violentos y poderosos. Desde el año 2000, por lo menos dos supervisores fueron asesinados después de que miembros de la SIU revelaran a narcotraficantes tanto sus identidades como su ubicación, según lo que han dicho agentes actuales y previos de la DEA quienes trabajaron en México.
El año pasado, Iván Reyes Árzate, otro supervisor de la SIU, voló a Chicago y se rindió ante las autoridades estadounidenses quienes le impusieron cargos de colaborar con narcotraficantes. En mayo Árzate se declaró sin disputa ante los cargos y actualmente se enfrenta a 25 años de cárcel, con el dictamen de la sentencia programado para este año.
ProPublica encontró que la DEA tuvo conocimiento de la corrupción durante un largo tiempo sin haber actuado al respecto y aun cuando se perdieron vidas inocentes. En un mensaje de correo electrónico, Katherine M. Pfaff, Vocera de la DEA, indicó que la agencia no giraba comentario alguno sobre el tema de la investigación del inspector general. La DEA considera que el programa de SIU es un “programa internacional eficaz”, escribió.
La agencia tiene unidades similares en unos doce países más.
La decisión tomada por el Departamento de Justicia para investigar las SIU resalta la culminación de la campaña iniciada por varios congresistas demócratas después de publicarse los reportajes de ProPublica. En una serie de oficios, los altos miembros de tres comités poderosos, judicial, asignaciones y relaciones exteriores, comenzaron a exigir que tanto el Departamento de Justicia, como la DEA, investigaran la situación. “Estas operaciones hacen que surja un cuestionamiento serio acerca de las prácticas de las SIU adiestradas y sufragadas por la DEA”, redactaron los legisladores en febrero, “y apuntan hacia la necesidad de que dichas unidades aprobadas rindan cuentas en forma más amplia".
El oficio llevó la firma del Sen. Patrick Leahy de Vermont, Subdirector del Comité de Asignaciones del Senado, quien lleva buen tiempo tratando de que se contabilice la responsabilidad de las operaciones de la DEA en el exterior. Otra signataria fue la Sen. Dianne Feinstein de California, alta funcionaria del Comité Judicial del Senado, y una de las autoridades principales del país en materia de seguridad nacional. También firmaron el Rep. Eliot L. Engel, alto miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y el Rep. Jerrold Nadler, demócrata principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ambos son representantes de Nueva York y sus comités supervisan al Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.
“En vista de los incidentes”, redactaron los legisladores refiriéndose a Allende y Monterrey, “creemos que es esencial que se lleve a cabo una investigación minuciosa de las prácticas de las unidades aprobadas por la DEA”.
