Eran tan jóvenes como de 10 meses, tan mayores como de casi 18 años.

Aproximadamente un tercio de los niños que terminaron en Chicago venían de Guatemala, mientras otros habían huido de Brasil, Honduras, El Salvador, Belice, Rumanía e India. Todos tenían al menos uno de sus progenitores detenido, frecuentemente a cientos de millas de distancia.

Meses después de que las penurias de los niños separados de sus padres durante la agresiva campaña de tolerancia cero con la inmigración activada por la administración Trump provocó indignación pública, causando la revocación de la política, la atención pública se ha desviado y las identidades y experiencias de aquellos niños durante su detención siguen esencialmente desconocidas.

Pero ProPublica Illinois ha obtenido archivos confidenciales acerca de los 99 niños que fueron enviados a albergues en Illinois operados por Heartland Human Care Services, una agencia sin fines de lucro, que tiene un contrato federal para albergar niños inmigrantes en nueve instalaciones en Illinois.

Los archivos forman parte de una remesa más grande de documentos que arrojan luz sobre los funcionamientos internos del hermético sistema de detención para niños en el país, que fue revelado en una investigación por ProPublica Illinois la semana pasada.

Aunque las emociones de los niños separados se parecen bastante a las de los menores que llegan a EEUU solos, asustados y tristes de estar detenidos, los menores separados además solían ser más jóvenes y estar aún más traumatizados. Repentinamente solos, agonizaban por la ausencia de sus padres y actuaban sobre esta angustia amenazando con hacerse daño a sí mismos o a otros, según muestran los expedientes.

Siete de los menores separados en Chicago todavía no han sido reunidos con sus familias.

Uno de ellos, un niño de 12 años llamado Erick — todavía detenido casi cuatro meses después de que las autoridades de inmigración le separaron de su padre — se deprimió tanto que fue ingresado en un hospital psiquiátrico por una semana y fue diagnosticado con un trastorno de adaptación, según los archivos.

Desde que fue puesto bajo el cuidado de Heartland en mayo, ha recibido al menos tres medicamentos para controlar su depresión, agresión y arrebatos emocionales. Ha tenido dificultades para dormir y ha peleado con otros niños y con empleados, según los documentos.

En junio, un guatemalteco de 11 años, detenido en un albergue de Heartland en el municipio suburbano de Des Plaines, lloró desconsoladamente mientras decía a los empleados, “Yo quiero morir aquí,” según muestran los archivos. Los empleados le respondieron que “necesita vivir para ver a su familia.”

Una rumana de 12 años dijo que sentía “como que se iba a morir sin su papá.”

Y un brasileño de 13 se sentía mal por no tener información sobre su madre. Su primera conversación telefónica fue casi un mes después de haber sido separados.

Funcionarios de Heartland dijeron que la política de tolerancia cero de la administración Trump ha causado “daños incalculables” a los menores, dejando a la organización con la tarea de “recoger los escombros de las muy destructivas políticas de la administración.”

Una denuncia colectiva federal presentada por una coalición de abogados la semana pasada pide que el gobierno pague por los cuidados de salud mental de los niños separados de sus padres porque el “evento traumático” ha causado “daños emocionales y psicológicos severos y frecuentemente permanentes.” Psiquiatras y pediatras han instado al gobierno a revocar la política, argumentando que iba a fomentar ansiedad, depresión y demoras en el desarrollo.

“El daño infligido no era algo que se desvaneciera como resultado de la reunificación,” dijo uno de los abogados que puso la denuncia, Jesse Bless, quien ha representado a varios niños alojados en albergues de Heartland. “Estamos empezando a ver señales de que pudiera haber efectos a largo plazo.”

Heartland Human Care Services es parte de una organización sin fines de lucro más grande llamada Heartland Alliance, que se ocupa de una variedad de asuntos sobre derechos humanos. El grupo alberga sobre 3,000 menores migrantes al año en la zona de Chicago. Los niños separados de sus padres han sido retenidos en tres albergues de Chicago – en los barrios de Englewood, Bronzeville y Rogers Park — y dos en Des Plaines.

Los documentos obtenidos por ProPublica Illinois incluyen registros con información demográfica sobre los menores, incluidos 39 que llegaron durante una semana a finales de mayo, el punto más álgido de la política de mano dura.

Empleados de Heartland siguieron de cerca la situación de los niños, detallando cómo iban aguantando y haciendo apuntes diarios sobre los esfuerzos para reunificarles con sus familias o conectarles por teléfono. La agencia estaba bajo presión para actuar rápidamente porque el gobierno federal se enfrentaba a una fecha límite ordenada por una corte para reunir alrededor de 2,600 menores detenidos en albergues a través del país. La semana pasada, más de un mes después de la fecha tope del 26 de julio, aproximadamente 400 menores seguían separados de sus familias.

Funcionarios de Heartland dijeron que algunos de los siete niños retenidos en Chicago que todavía no han sido reunidos con sus padres se enfrentan a un “futuro incierto.” Sus casos son entre los más difíciles porque sus padres han sido deportados o siguen detenidos y ningún custodio — típicamente un pariente o amigo de la familia — ha sido identificado para encargarse de ellos. La Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa el programa de menores no acompañados, tiene la última palabra sobre cuándo un menor puede ser liberado.

Autoridades federales han dicho que deben considerar múltiples factores, incluida la seguridad, antes de ubicar a un niño. El proceso, añadieron, empieza en el momento en que el niño queda retenido.

Los archivos revelan cuán difícil ha sido reunir familias, una tarea hecha más dura porque el gobierno no tenía un sistema preparado para llevarla a cabo. El personal de Heartland regularmente tenía dificultades contactando con funcionarios de U.S. Immigration and Customs Enforcement (el Servicio de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés) para localizar el paradero de los padres.

Cuando el personal de Heartland lograba hablar con empleados de ICE, la agencia a veces no podía localizar a los padres de los menores, o cuando lo conseguían, los padres ya estaban siendo transferidos a otro centro de detención. Algunos padres estaban desperdigados a través del país en centros de detención desde Georgia hasta Arizona; otros fueron deportados.

Un trabajador social de Heartland hizo intentos repetidos para conectar a un chico brasileño de 17 años con su padre. El adolescente llegó a un centro de Heartland el 11 de junio. Su trabajador social preguntó a ICE por el paradero del padre el 14 de junio e hizo dos intentos más sin recibir respuesta.

Finalmente, el 29 de junio, oficiales de ICE dijeron que no podían localizar al padre.

No fue hasta el 3 de julio — tres semanas después de la llegada del adolescente a Chicago — que el menor habló con su padre, quien estaba detenido. El menor fue liberado el 24 de julio y puesto bajo custodia de ICE con su padre.

Aunque la mayoría de las separaciones ocurrieron durante las seis semanas en que se implementó la campaña de tolerancia cero entre abril y junio, los archivos de Heartland también dejan claro que las separaciones de familias estaban sucediendo mucho antes de que la política fuera formalizada y llegara a estar bajo escrutinio público.

Un menor de Brasil, por ejemplo, tenía 13 años cuando fue separado de su padre después de ser arrestados al cruzar la frontera de EEUU y México en julio del 2017.

El padre fue enviado a un centro de detención de El Paso, Texas, y deportado en diciembre. El adolescente fue enviado a Chicago, donde permaneció detenido durante al menos 400 días. Seguía bajo custodia de Heartland a finales de agosto. Ahora tiene 15 años.

Destinee, una niña de 11 años de Guatemala, llegó a un albergue de Heartland el 22 de mayo y fue liberada a finales de junio para vivir con parientes en el sur de Florida. Su madre permanecía detenida en Texas la semana pasada.

En una carta reciente a su madre, Destinee describía la soledad que sintió durante las cinco semanas que estuvo detenida en Chicago.

“En el centro yo lloraba en las noches,” escribió. “Me pasaba toda la noche llorando suplicandole a dios que estubieramos (sic) juntas otra vez.”

La tía de la niña dijo a ProPublica Illinois que ha registrado una queja con las autoridades de protección de niños en Illinois y Florida, y también con ORR, alegando abusos por empleados de Heartland, aseverando que suministraron a la niña medicamentos que la sedaron intensamente durante el vuelo entre Chicago y Florida. El Departamento de Servicios de Niños y Familias de Illinois ha abierto una investigación en base a las acusaciones; Heartland declinó hacer comentarios.

Los padres de Erick, el niño que necesitó ser ingresado en el hospital psiquiátrico, han estado pidiendo durante meses que sea devuelto a casa en Guatemala, según los apuntes de los trabajadores sociales incluidos en los archivos obtenidos por ProPublica Illinois. Los padres otorgaron una carta notariada haciendo el pedido hace tres meses, según los documentos. El padre de Erick dijo al Los Angeles Times que funcionarios de ICE lo habían engañado para que firmara documentos que él pensaba iban a permitir que su hijo volviera con él.

Una portavoz del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC por sus siglas en inglés), la rama de ayuda legal de Heartland Alliance que ha estado trabajando en el caso de Erick, dijo que tenía que haberse ido a Guatemala a finales de agosto, pero un juez demoró su vuelta por la orden de una corte que impedía la deportación de menores hasta que sus casos de asilo fueran escuchados.

“La demora ha sido emocionalmente desgarradora,” dijo Tara Tidwell Cullen, la portavoz de NIJC, “e ilustra el nivel de caos e incertidumbre que persiste alrededor de los esfuerzos de reunificación del gobierno.”

Erick ha recibido autorización para ser liberado y su regreso a casa en avión está programado para esta semana. Esta vez, dijeron sus abogados, esperan que estará en el vuelo.